"Señores, voten en contra de la nueva Ley de Abastecimiento", fue el pedido, casi desesperado, que les hicieron los representantes de las cadenas de valor de los principales cultivos del país a los diputados de la Nación. Las instituciones que reúnen a los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR) objetan la modificación de la Ley 20.680, la cual califican de inconstitucional.

Así lo dieron a conocer en un documento entregado a los diputados nacionales y que difundieron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Bolsa de Cereales porteña. A los legisladores se les pide que "respeten" la Constitución nacional y se abstengan de avanzar con el proyecto de "Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo". El proyecto ya obtuvo dictamen de comisión; mientras que la sesión en la que se convertirá en ley concluiría mañana.

"El proyecto de ley es contrario a la Constitución Argentina en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita. También reemplaza el concepto de propiedad privada, garantizada en la Constitución nacional (Artículo 17), por el de propiedad pública, al pasar el Estado a hacerse cargo de la gestión de los medios de producción", leyó Alberto Morelli de Maizar, quien representó al presidente de la entidad, Gastón Fernández Palma, quien firmó el documento.

También lo suscribieron Matías Ferreccio (Argentrigo), Luis Arias (Asagir) y Rodolfo Rossi (Acsoja) que con Morelli coincidieron en "un peligro el decomiso de la soja" por los alcances de la nueva ley.

Los directivos no descartaron que se pueda llegar a la instancia de la Justicia para analizar el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales y que pudieran adherir a eventuales medidas de fuerza.

Tiempo atras, Bolsas de Cereales y Comercio del país manifestaron su rechazo al proyecto de modificación de la ley. Aceiteros y exportadores también se mostraron en contra.

Las cadenas concluyeron en que las facultades que se concederán al Poder Ejecutivo "impactarán negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social".

Por último, Rossi reconoció que si bien las eventuales confiscaciones por parte del Gobierno son uno de los principales temores del sector, no cree que sean la principal consecuencia directa de la ley, como sí lo será su efecto negativo en la inversión y en puestos de trabajo.

Fuente: Diario La Nacion, Ambito Financiero