En cuatro jornadas que lleva el juicio oral por la voladura de Fábrica Militar Río Tercero, de noviembre de 1995, los peritos químicos y contables que participaron durante el proceso, fueron ratificando ante el tribunal las mismas opiniones que sostuvieron cuando fueron consultados en los 19 años que lleva el caso abierto.

El juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, tuvo su cuarta audiencia este miércoles y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando se retomarán los testimonios de otros peritos.

En especial, adquiere relevancia para el proceso las conclusiones a las que arribe el tribunal respecto del presunto faltante de proyectiles y municiones que arrojó una pericia hecha una década atrás, al comparar las unidades contabilizadas respecto de las existentes, tras el siniestro. Según la pericia oficial, había una diferencia de 35.576 proyectiles y municiones. 

La imputación que pesa sobre los cuatro militares retirados basa la acusación en que la voladura fue intencionalmente provocada, y plantea como hipótesis que se hizo para ocultar un faltante de armamento, presuntamente ligado a las maniobras de ventas ilegales a Croacia entre 1991 y 1995.

Este miércoles, los peritos contables Ale Saleme y Guillermo Ganame ratificaron los resultados de su trabajo. Para los abogados querellantes, quedó consolidada esa conclusión y apuntaron a la solidez de esos informes. Para los letrados defensores de los imputados, esa pericia no arroja certezas y pidieron diferenciar las existencias físicas de las contables.

El martes proseguirá el debate con otros peritos contables propuestos por la fiscalía y la defensa.
 
Antes, desfilaron por el tribunal varios peritos químicos, que en su momento abordaron para la causa cómo pudieron ocurrir las explosiones. Los peritos oficiales, convocados por la Justicia en 2003, Oscar Sicilia, Héctor Zanoni y Daniel Yorio, ratificaron sus conclusiones tras una prueba realizada en Serrezuela. Concluyeron que las explosiones no sólo fueron intencionales sino además planificadas, y que debieron participar personas expertas en el tema.  También el perito Alfredo Hraste, presentado en su momento por la querella, coincidió en que no pudo ser un accidente y que, del modo en que quedó el sitio, se prueba que fue un acto programado. Para la querella, además, hay elementos suficientes para mostrar que las explosiones fueron además direccionadas en determinado sentido.

Distinta opinión sostuvo el militar Hipólito Cuesta, perito por la defensa. Según apuntó, no habría modo de comprobar con certeza que fueron intencionales, aunque no lo descartó, pero redujo esa posibilidad sólo a una hipótesis. Descartó que si fueran intencionales pudieran haber sido programadas. También cuestionó la prueba hecha en Serrezuela por los peritos oficiales, a la que consideró no representativa del hecho real.

El juicio proseguirá con un desfile de peritos y testigos durante unos tres meses más. 

Fuente: La Voz