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02/08/2014 20:29 hs

Preparan una solicitud a los EEUU para investigar supuestos delitos económicos

Argentina - 02/08/2014 20:29 hs
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La Comisión Nacional de Valores trabaja en la presentación que hará ante la Securities and Exchange Commission para que determinen si los holdouts se valieron de información privilegiada para cobrar los seguros.

Ayer, horas después de que el juez Thomas Griesa instara a la Argentina a acatar su fallo y la criticara duramente por las declaraciones de algunos de sus funcionarios, el Ministerio de Economía de la Nación manifestó sus sospechas sobre supuestas maniobras especulativas a favor de los holdouts con el cobro de los seguros por default y pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) inicie una investigación que determine "si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre".

En diálogo con la agencia Télam, el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, aseguró que el organismo que preside trabajará durante el fin de semana para terminar de elaborar la presentación que realizará ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, para que investigue la existencia de algún tipo de delito económico o financiero por uso de información privilegiada en el litigio con los holdouts.

Vanoli dijo que la petición a la SEC será posible "gracias a la firma de un acuerdo de intercambio de información concretado el 12 de julio pasado con la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), organismo que consideró que la CNV tenía altos estándares de regulación y supervisión en el mercado de capitales".

El funcionario recordó que "hace algunas semanas, la CNV abrió una investigación vinculada con la operatoria de bonos, particularmente los reestructurados, para ver si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado, tanto por parte de entidades locales como internacionales, incluyendo a personas que puedan estar vinculadas al juicio".

Según precisó, ante esas sospechas se hicieron pedidos de información al exterior. Y ahora se sumó la acción del Ministerio de Economía, "que ayer planteó en una presentación que habría una posible irregularidad en el uso de unos productos financieros que se llaman credit default swaps, que son productos muy complejos que fueron uno de los que estuvieron en tela de juicio en la crisis que se originó en Estados Unidos en 2008, y son los seguros de default", dijo.

"El Ministerio informó ayer que tenedores de estos seguros que los cobrarían si se declara a Argentina en default, serían los fondos buitres y por eso estarían no solo llevando al país al default para cobrar los beneficios del juicio sino también para tener ganancias mediante el gatillo de estos seguros", explicó. "El tema adicional que se va a presentar ante la SEC es el hecho de que los que tomaron la decisión de que estos seguros se gatillen, lo hicieron en el marco de una organización internacional que agrupa a los agentes que operan en derivados financieros", entre los que se encuentran también grupos relacionados con los "fondos buitre", añadió.

El funcionario deslizó que "curiosamente, uno de los miembros que votó porque se gatille esta cláusula es el fondo Aurelius, uno de los buitres que está haciendo este reclamo en el juzgado" neoyorquino de Thomas Griesa. "El cuestionamiento es que este buitre estaría votando en un organismo para beneficiarse con el seguro" por default, puntualizó.

Por eso, Vanoli insistió en que "la CNV va a trabajar todo el fin de semana, ya lo está haciendo el área de Investigaciones, Legal y de Relaciones Internacionales, para que a la brevedad podamos tener una presentación para hacer ante la SEC".

"Vamos a pedir a la SEC que abra una investigación y provea a la CNV de los elementos para poder investigar en la Argentina también, ya que los mercados de bonos están ligados a los seguros de default", remarcó. Sostuvo que "el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado son delitos penales tanto en la Argentina como en Estados Unidos", y que en el país estas figuras fueron "incorporadas en diciembre del 2011 cuando se aprobó la ley de delitos económicos a instancias del GAFFI".

Fuente: Infobae

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