La urgencia por solventar con el menor ruido político la proclamación de Felipe VI convenció al gobierno de Mariano Rajoy de resolver más adelante el incómodo dilema del estatus jurídico del rey saliente.

Mientras eso no se modifique, no gozará ni siquiera de los fueros que protegen a un concejal de pueblo. Para la justicia, desde el jueves 19 será el ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón.

En la cima del poder español contienen la respiración. El rey se va desacreditado por los escándalos de corrupción en su familia y en medio de un creciente reclamo social contra la monarquía. Los partidos opositores que promueven un referéndum -como Izquierda Unida (IU) y el emergente Podemos- están analizando presentar una cadena de demandas en los tribunales contra Juan Carlos apenas pierda el blindaje judicial.

Crece entre los expertos la interpretación de que la "inviolabilidad" mencionada por la Constitución de 1978 cierra la posibilidad de analizar cualquier conducta -oficial o personal- del rey durante los años en que fue jefe del Estado.

Pero, ante el vacío legal que se avecina, ¿quién puede garantizar que un juez pueda verlo de otro modo y citarlo a declarar? ¿O que se interprete que algún acto judiciable anterior se continúa en el tiempo?

"Resulta una anomalía total que miles de diputados y concejales tengan fueros y el hombre que condujo el Estado durante 39 años no -se sinceró el presidente del Congreso, Jesús Posada (PP)-. Es urgente adaptar la ley para evitar un follón, que alguien quiera apuntarse un tanto en la lucha por la república."

En medio del desprestigio de la corona contra el que deberá pelear Felipe, sería tortuoso que Juan Carlos se viera arrastrado a dar explicaciones en los tribunales por sus conductas. Aunque sólo fuera como testigo.

Los partidos pro república sugieren que podrían reclamarse responsabilidades al rey por algunas de las actuaciones en el caso Nóos, el fraude por el que está imputada su hija Cristina. Por ejemplo, se menciona en la causa un préstamo de un millón de euros que el rey hizo a la infanta y que, según el juez José Castro, podría haber sido una donación encubierta (con lo que se habría evadido una importante cantidad de impuestos).

También analizan presentar demandas para investigar el patrimonio personal del monarca, así como de su relación con los negocios transnacionales que gestionó su "amiga" Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Pero en voz baja en los despachos del poder preocupa más que estalle un escándalo personal vinculado con dos personas que reclaman desde hace dos años que se las reconozca como hijos extramatrimoniales de Juan Carlos I. Un catalán, Albert Solà Jiménez, de 56 años y mayor que Felipe, y una belga, Ingrid Sartiau, de 48, fracasaron hasta ahora en sus intentos de litigar en España para que se exija al rey someterse a un examen de ADN. Ambos son hijos de madres diferentes, pero se sometieron a un test que ya demostró la consanguineidad entre ellos.

La "inviolabilidad" constitucional exime al rey de cualquier responsabilidad penal o civil por actos públicos o privados. ¿Qué pasará si ahora insisten con el reclamo?

El gobierno de Rajoy trabaja ya en un proyecto de ley orgánica que regule el estatus del monarca que deja la corona. Se analizó incluir el tema en la norma que aprobará la abdicación, pero el temor fue que ese punto embarrara la discusión y redujera los votos a favor de la sucesión borbónica.

El debate empezará hoy en el Congreso y será Rajoy quien defienda la ley. Espera conseguir un apoyo monolítico del PP y de la oposición socialista, aunque descuenta un show de críticas a la monarquía por parte de los partidos republicanos que exigen un referéndum. La ley de aforamiento se propondrá después de la proclamación de Felipe, según confirmó el gobierno. Por los tiempos de tramitación parlamentaria, Juan Carlos podría quedar "a la intemperie" hasta septiembre u octubre.

"Es razonable avanzar cuanto antes con esa ley, que no significa ningún privilegio", enfatizó ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Aclaró que de ningún modo se piensa en extenderle de por vida la "inviolabilidad", que pasará de manera exclusiva a Felipe. La principal ventaja que le otorgaría el aforamiento es que cualquier reclamo que lo involucre debería ser resuelto por una sala del Tribunal Supremo y no por jueces de primera instancia. Además, tendría inmunidad de detención (salvo que se votara su desafuero).

Por Martín Rodríguez Yebra | LA NACION