"No es casualidad que existan agentes internos y externos que pretendan, vía acciones judiciales, afectar el interés estratégico de Argentina". El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , se refirió así a la reactivación de la investigación judicial contra la presidenta Cristina Kirchner por el acuerdo con la petrolera Chevron.

"La verdad es que siempre resulta extraño en la República Argentina este tipo de acciones judiciales y sus agentes de promoción", sostuvo.

En su habitual conferencia de prensa matinal en Casa Rosada, el ministro coordinador dijo que "todos saben que la República Argentina es el segundo lugar de reserva de shale gas del mundo y el cuarto de shale oil". Y agregó: "No es casual el incremento sistemático de los niveles de producción de YPF, no es casualdiad que el acuerdo con Chevron implicó el desembolso de millones de dólares".

Capitanich se refirió a las metas del acuerdo con la petrolera estadounidense: mejorar el uso de la tecnología, maximizar los niveles de producción, lograr el autoabastecimiento energético.

"Entonces, no es casualdiad este tipo de acciones. No es casualidad que existan agentes internos y externos que pretendan, vía acciones judiciales, afectar el interés estratégico de Argentina".

El jefe de Gabinete se preguntó si "quieren volver a una sociedad más pastoril mediante estas acciones".

"Cuando escucho que algunos se oponen a la minería, el petróleo, el gas, a las tecnologías de extracción, ¿se oponen a andar en auto?", aseguró. El chaqueño también pidió dar un "debate racional y profundo".

QUÉ PASÓ

La Justicia ordenó investigar a la presidenta Cristina Kirchner por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por la firma del decreto que convalidó el acuerdo con la petrolera Chevron para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

La decisión es de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani y Martín Irurzún, con la disidencia de Eduardo Farah.

La denuncia había sido presentada en julio de 2013 por el legislador porteño Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y por el abogado ambientalista Enrique Viale.

Por sorteo, la causa recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. La magistrada envió el caso al fiscal federal Eduardo Taiano para que decidiera si había razones para impulsar la acción.

El fiscal Taiano entendió que no había delito en la firma del decreto. En una decisión poco frecuente, Servini de Cubría dispuso la nulidad del dictamen de Taiano, pero el fiscal apeló ante la Cámara Federal. La Cámara confirmó la nulidad del dictamen de Taiano y le devolvió vida a la investigación.