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08/05/2014 17:05 hs

El traspaso de la ex Esma generó críticas de organismos de derechos humanos

Argentina - 08/05/2014 17:05 hs
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La Legislatura porteña transfirió la administración de cinco centros clandestinos de detención a la órbita de la Nación. Adolfo Pérez Esquivel denunció un "nuevo pacto del PRO y los K". 

Tras el fracaso en la sesión de la semana pasada, la Legislatura porteña logró aprobar hoy con 41 votos positivos y 16 negativos la cesión por 30 años a la órbita de la Nación de cinco ex centros clandestinos de detención, entre ellos la ex ESMA. La decisión despertó las críticas de organismos de derechos humanos y de diputados aliados al Frente para la Victoria.
 
La iniciativa del PRO fue acordada el 5 de marzo entre la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich. Incluye el traspaso al gobierno nacional de la administración de seis edificios dentro de la ex ESMA y de otros cuatro centros de detención que funcionaron durante la última dictadura en la Ciudad: Club Atlético, Automotores Orletti, El Olimpo y Virrey Ceballos.
 
La Legislatura votó también una iniciativa complementaria que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y crea el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria. Este último fue incluido en las últimas horas por los legisladores para llegar a un consenso y alcanzar los votos necesarios para la aprobación del expediente debido a que el planteo original del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo contemplaba la derogación de la ley que creó el IEM y la transferencia de los trabajadores a la órbita nacional.
 
"Era el único espacio independiente y autónomo que quedaba. Me da pena que esto haya sido un gran negocio", protestó luego de la sesión Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
 
Sobre el futuro del IEM, lamentó: "El próximo gobierno tiene carta blanca para hacer lo que quiera, incluso desarmarlo. Todo va a ser manejado partidariamente y va a perder validez ante el mundo". Y agregó: "Es una lástima, porque lo hicieron de manera inmoral e irregular. Lo van a destrozar, a disolver, y los trabajadores van a quedar desprotegidos".
 
Otro que manifestó su oposición fue el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció "un nuevo pacto de PRO y los K, que quieren convertir a la ex ESMA en su búnker".
 
En la sesión de la semana pasada, Esquivel había apuntado contra la titular del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre. "No es más una militante en derechos humanos, sino una partidaria que quiere apropiarse de los derechos humanos", disparó.
 
Ni los empleados del IEM que se presentaron junto a Pérez Esquivel ni Cortiñas fueron escuchados en el recinto.
 
La decisión también despertó críticas dentro de los aliados al kirchnerismo. Así, Aníbal Ibarra decidió no presentarse a la sesión. En cambio, Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra votaron en contra.
 
La legisladora de Nuevo Encuentro opinó vía Twitter: "Las políticas de memoria y DDHH son parte constitutiva de la identidad local, y que no pertenecen a ninguna fuerza política. Y los porteños deberemos entender por qué miramos para otro lado cuando un centro clandestino funcionaba en nuestro barrio", escribió.
 
Por su parte, el hermano de Mariano Ferreyra sostuvo en su muro de Facebook: "Los argumentos sobre una gestión deficiente no pueden ser excusa para la eliminación de un organismo de estas características, sino una razón para repensar y redefinir sus funciones y estructura. De concretarse su disolución, la Ciudad perdería una valiosa herramienta en políticas de memoria y la medida implicaría un retroceso no sólo para el movimiento de derechos humanos, sino para toda la sociedad".
 
En cambio, Alegre defendió la iniciativa: "Lo mejor que podemos hacer es que los sitios pasen a la órbita nacional porque hay una política de Estado que va a trascender", argumentó.
 
"No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas del Estado de memoria porque fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que hicieron propias las demandas que los organismos de derechos humanos tuvieron por años y las transformaron en políticas nacionales", concluyó.
 
La medida ya fue ratificada por la Cámara de Senadores nacional y se prevé su sanción en la de Diputados la semana próxima.
 
 
 Fuente: infobae.com

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