En lo que va del año, la devaluación, las paritarias a la baja, la escalada de la inflación y la quita de subsidios no lograron lo que consiguió a principios de abril la Resolución 601 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS): alertadas por el poder de veto que el Gobierno se asignaba sobre los contratos de las obras sociales sindicales, las CGT de Hugo Moyano y Antonio Caló retomaron los contactos para hacer frente común contra la medida. Rápida de reflejos, la administración de Cristina Kirchner dejó sin efecto las aristas más cuestionadas de la normativa para neutralizar una posible alianza.

El martes de la semana pasada, la titular de la SSS, Liliana Korenfeld, se reunió con una delegación de gremios oficialistas y se comprometió a anular la capacidad de validar o rechazar los contratos con las prestadoras tanto de las obras sociales sindicales como de las prepagas. La promesa fue que ese mismo miércoles o el jueves a más tardar las modificaciones habrían sido oficializadas en el Boletín Oficial. Los contratos deberán ahora quedar registrados en un sistema informático

Una semana después, la promesa se hizo realidad: con fecha del mismo martes 29 de abril, el gobierno nacional publicó hoy la Resolución 783 de la SSS para modificar la Resolución 601. El nuevo y breve texto elimina el poder de veto establecido por el artículo 2 de la vieja normativa y lo reemplaza por un sistema informático en el que obras sociales y prepagas deberán registrar sus contratos, sin la necesidad de una aprobación estatal.
 
El artículo quedará entonces redactado de la siguiente manera: "A los fines de llevar a cabo el proceso de registración dispuesto en el ARTICULO 1° de la presente, los Agentes del Seguro de Salud y las Entidades comprendidas en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.682 deberán proporcionar a través del sistema informático de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD los datos relacionados a los contratos prestacionales que celebren".

Sin aviso previo, el Gobierno publicó la Resolución 601 apenas días después del paro nacional que realizaron el 10 de abril las CGT de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, los colectiveros de la UTA, los maquinistas de La Fraternidad y los sindicatos de izquierda. Los nuevos controles lograron un efecto inverso al esperado: lejos de conseguir que los gremialistas moderaran sus reclamos para conservar el poder sobre una de sus mayores cajas, consiguió enfurecer a los aliados que conserva en la CGT Alsina.

Aunque un buen número de paritarias ya fueron cerradas, aún resta negociar otros tantos convenios salariales. Entre ellos, el de Camioneros, que esta semana sufrió una dura derrota luego de que el partido de Quilmes consiguiera arrebatarle la recolección de residuos a la empresa Covelia – de estrechos vínculos con Moyano – para municipalizar el servicio. Envalentonados por el triunfo que consiguió el intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, otros municipios quieren seguir su camino. Pero tanto Hugo como Pablo Moyano ya prometen dar batalla para no perder afiliados ni su poder de paralizar buena parte de los servicios que requieren de transporte automotor.
La titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, junto al ministro Juan Manzur

Fuente: infobae.com