La justicia egipcia ofreció ayer una demostración más de su carácter arbitrario y politizado. A primera hora de la mañana, un tribunal de la provincia de Minia sentenció a la pena de muerte de un plumazo a 683 personas , incluido el guía supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohammed Badie.

Apenas tres horas después, una corte de El Cairo ordenó la ilegalización del movimiento juvenil del 6 de Abril, que desempeñó un rol central en la revolución de 2011 contra el ex dictador Hosni Mubarak. Ambos fallos indican que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para vender fuera del país su proceso de "transición democrática",Egipto se está adentrando de nuevo en un sistema represivo y carente de las libertades más básicas.

Badie y los otros más de 600 supuestos seguidores de los Hermanos Musulmanes estaban acusados por los actos de violencia en el pueblo de Adua, en la provincia de Minia, un feudo islamista situado a unos 250 kilómetros de El Cairo. Aquellos hechos se saldaron con la muerte de un policía y sucedieron en las horas siguientes al brutal desalojo del campamento islamista de Rabá al-Audawiya a mediados de agosto pasado. Aquel trágico día, la contundencia de las fuerzas de seguridad provocó la muerte de centenares de seguidores de los Hermanos Musulmanes que llevaban más de un mes ocupando una plaza en protesta por el golpe de Estado que depuso al presidente islamista Mohammed Morsi, el 3 de julio.

El juez que emitió el controvertido veredicto, Said Youssef, es el mismo que a fines de marzo condenó a la horca a 529 personas acusadas de cargos muy semejantes. De acuerdo con la ley egipcia, toda condena de muerte debe ser revisada por el Gran Muftí, una alta autoridad religiosa, antes de ser firme jurídicamente. Una vez que el Gran Muftí ofrece su opinión, el juez tiene la capacidad de modificar su decisión previa. Precisamente, eso es lo que sucedió ayer con 492 de las 529 personas condenadas en marzo, pues Youssef conmutó la pena capital por la de cadena perpetua, mientras mantuvo el castigo para las 37 restantes.

Así, pues, la sesión del tribunal de Minia de ayer se saldó con un total de 720 condenas a la pena de muerte, de las que 37 son firmes, si bien pueden ser apeladas en un tribunal de casación, mientras que el resto serán enviadas a la oficina del Gran Muftí. El juez fijó el 21 de junio como fecha para emitir el fallo definitivo sobre la suerte de los 683 condenados.

Los dos procesos paralelos forman parte de un total de cuatro macrojuicios con más de 2000 personas encausadas, todas ellas en el mismo distrito judicial, en la capital de Minia, y por cargos muy parecidos ocurridos en localidades cercanas y que van desde la destrucción de la propiedad hasta la incitación a la violencia y el asesinato. El juicio, que por la gravedad de la pena y el número de imputados, no tiene precedente en la historia contemporánea, suscitó gran polémica tanto dentro como fuera de Egipto. "La decisión de hoy, una vez más, expone cómo es de arbitrario y selectivo el sistema de justicia criminal de Egipto. La corte ha ignorado completamente los principios más básicos de un juicio justo", declaró Hassiba Hadj Sahraui, vicedirectora de la sección de Medio Oriente de Amnistía Internacional.

En ambos procesos se celebraron sólo dos sesiones y ninguna de ellas duró más de media hora. A varios de los abogados de la defensa no se les permitió la entrada en la sala y otros no pudieron presentar sus argumentos. Además, tampoco estuvieron presentes la mayoría de los imputados, ya sea porque se encuentran prófugos de la justicia o porque su traslado a la corte se consideró arriesgado desde el punto de vista de la seguridad. "Esto va en contra de la ley. Los veredictos serán fácilmente apelados", declaró el abogado de la defensa Alí Kamal.

"¡Mis tres hijos fueron condenados! ¡Ya sólo me queda Dios!", declaró Samira, entre sollozos, a varios metros de la puerta de entrada del tribunal, rodeado por un impresionante despliegue policial que no permitía ni tan siquiera acercarse a la sede de la corte.

No sólo los simpatizantes y líderes islamistas padecen el hostigamiento del aparato estatal, sino que toda voz disidente es susceptible de ser silenciada por la fuerza. Éste es el caso del movimiento juvenil revolucionario del 6 de Abril, candidato los últimos años al Premio Nobel de la Paz. Un tribunal de El Cairo ordenó ayer su ilegalización al considerarlo culpable de los cargos de "espionaje" y de "difamación del Estado egipcio". Este tipo de acusaciones eran habituales durante el antiguo régimen de Mubarak.

El fallo insta al gobierno a congelar los activos de la organización, prohibir cualquiera de sus actividades y confiscar sus locales. Los responsables del movimiento reaccionaron ante el veredicto con una actitud desafiante y aseguraron en un comunicado que van a continuar con su activismo político, porque "todo ser humano tiene el derecho de expresar sus opiniones siempre y cuando sea de forma pacífica".

FUERTE CONDENA INTERNACIONAL

Ban Ki-Moon

Secretario general de la ONU

"Estos veredictos que parecen no cumplir con los estándares de un juicio justo minarán la perspectiva de estabilidad"

Barack Obama

Presidente de Estados Unidos

"Es un desafío a las reglas más elementales de la justicia internacional"

William Hague

Canciller de Gran Bretaña

"Se deben revisar las condenas y que se garanticen los derechos humanos".

Fuente: lanación.com