A poco más de un año de la absolución de los 13 imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón, la Corte Suprema provincial revocó parcialmente el fallo y condenó a diez de los acusados. La decisión fue girada al tribunal de origen, que deberá resolver la nueva pena que se le impondrá a cada condenado.
Los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, por su parte, confirmaron el fallo del 11 de diciembre de 2012 respecto de los hermanos María Jesús y Víctor Ángel Rivero. De ese modo, parece aliviarse la situación judicial del denominado "clan Ale", a quien Susana Trimarco vinculó con la desaparición de su hija y con negocios vinculados a la trata de personas y a la venta de drogas en esta provincia.

El tribunal también dejó fuera del fallo a Irma Medina, madre de dos acusados, ya que falleció en febrero último. Precisamente la Corte declaró la responsabilidad penal de los hermanos riojanos José "Chenga" y Gonzalo "Chenguita" Gómez como coautores de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita Verón.
El fallo, de 178 fojas, también declaró la responsabilidad penal de Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertis, Domingo Pascual Andrada y Mariana Natalia Bustos, como participes necesarios. Ellos están incluidos en lo que se denominó "la pista La Rioja".
El fallo fue girado al tribunal de origen, que con otra integración ahora deberá resolver "sobre las penas, la modalidad de ejecución y la existencia, o no, de responsabilidad civil", agrega el fallo.
No todos los tucumanos fueron beneficiados por el fallo de la Corte tucumana, que responsabilizó a Andrés Alejandro González y a Daniela Natalia Milhein, la ex pareja de Rubén "La Chancha Ale", como coautores de la retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución.
La Corte entendió en este caso por las apelaciones presentadas por los fiscales Carlos Sale y Manuel Rougés y por los abogados de Trimarco, que cuestionaron la sentencia de la Sala II de la Cámara Penal. El máximo tribunal les dio importancia a los testimonios brindados en el juicio.
El fallo del año pasado, emitido por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, había concluido que los riojanos "integraban una verdadera organización de red de captación con conexiones nacionales e internacionales cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres", pero que en el caso puntual de Marita Verón no estaba probado y por eso decidieron la absolución de los acusados. Prevaleció la presunción de inocencia, sostuvieron.
El tribunal indicó que, como la actividad fue llevada en La Rioja, "serán los órganos competentes de dicha jurisdicción los encargados de estos efectos". Para eso, la justicia local iba a remitir copia de las denuncias de las jóvenes que habían declarado como testigos en el debate que se prolongó durante 10 meses.

Tras el fallo, Susana Trimarco recibió el apoyo del gobierno nacional y provincial para impulsar la destitución de los magistrados, en el marco del proceso de democratización de la Justicia. Alperovich había señalado, al día siguiente de conocerse el fallo, que haría "todo lo que Trimarco le pidiera". Así empezó la embestida del poder político sobre la Justicia.
La Comisión de Juicio Político de la Legislatura, con mayoría oficialista, decidió impulsar la destitución de los jueces en una reunión que duró apenas diez minutos. Los jueces cuestionaron la actitud de la comisión legislativa porque no tenían el tiempo para examinar las más de 600 fojas que demandó el fallo. Además, ningún legislador había presenciado el juicio. (fuente:lanación)