La Ley 26.734 fue sancionada con el objetivo de “combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo” porque, según estableció el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ambas problemáticas están relacionadas.

 

La normativa establece el campo de actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo estatal es el encargado del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Este organismo procesa datos de empresas, corporaciones y diferentes tipos de personas jurídicas, combatiendo al mismo tiempo el tráfico de drogas, el contrabando de armas, fraudes contra la administración pública y delitos como la trata de personas o la pornografía infantil.

Cómo el gobierno quiere que se aplique la Ley Antiterrorista
 

Un artículo de esta ley será clave para la compleja situación que sufre Rosario desde hace años y que se agravó durante la última semana con el crimen de cuatro trabajadores.

Se trata del artículo 41 de la Ley Antiterrorista, que funciona como agravante y que duplica las penas en los delitos cometidos que tienen la finalidad de “aterrorizar a la población”.

 

“En el artículo 41 dice que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena”, afirmó Patricia Bullrich en la conferencia de prensa de este lunes.

Para el Ministerio de Seguridad será clave este artículo, dado que en el crimen de Bruno Bussanich, los asesinos dejaron una nota con amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni.

 

De cuántos años es la pena de la Ley Antiterrorista

La Ley Antiterrorista establece una pena de hasta 15 años de prisión —con multas incluidas— para las personas que financien las actividades terroristas, tanto para particulares como para organizaciones.

 

Cuál fue el cambio que hizo el kirchnerismo en la Ley Antiterrorista
 

La Ley Antiterrorista tuvo un cambio en su legislación en 2011. Se trata de dos artículos que aumentan las penas a los delitos que se cometan “con la finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Las modificaciones provocaron los señalamientos de organizaciones políticas y sociales, que entendieron que se podía usar la normativa para llevar a cabo acusaciones de actos terroristas a activistas.

Por ese motivo, el Gobierno —a cargo de Cristina Kirchner en aquel momento— introdujo un párrafo más al artículo 41, que establece: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.


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imagen: El Litoral