El Vaticano anunció este miércoles la adopción de la ley "para las normas en materia de transparencia, de vigilancia e información financiera", con la que busca prevenir actividades ilegales monetarias.

Esta ley, adoptada por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, da continuidad a las disposiciones del decreto del Governatorato y al "motu propio" (ley papal) del papa Francisco del pasado 8 de agosto.

La medida sigue asimismo la normativa ya vigente "para la prevención y el contraste de la actividad ilegal en el campo financiero y monetario", introducida también "motu proprio" por el papa emérito Benedicto XVI.

En concreto, esta nueva ley consolida la disciplina existente en materia de prevención y lucha contra el lavado del dinero; financiación del terrorismo; vigilancia y reglamentación de las entidades que llevan a cabo una actividad de naturaleza financiera y colaboración e intercambio de información con la Autoridad de Información Financiera a nivel interno e internacional.

"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", aseguró Francisco en su "Motu Proprio" del pasado 8 de agosto.



La ley consolida las medidas contra los sujetos que amenazan la paz y la seguridad internacional y exige la declaración de dinero en metálico por un montante igual o superior a los 10.000 euros cuando se trata de transporte transfronterizo.

También determina las funciones, los poderes y la responsabilidad de la Autoridad de Información Financiera en el ejercicio de la función de vigilancia y reglamentación, con el fin de prevenir y luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Se trata de un texto bien articulado y complejo, casi un texto único en materia financiera, que se inscribe en el camino de la adecuación del ordenamiento vaticano a los parámetros internacionales del 'Grupo de Acción Financiera' y a las recomendaciones de la 'División Moneyval' del Consejo de Europa", señaló la Santa Sede.

A la Autoridad de Información Financiera se le atribuye la función de vigilancia "prudencial" y a la institución del Comité de Seguridad Financiera la de extender la disciplina en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo también a los dicasterios (ministerios) de la Curia Romana y a otros organismos y entidades dependientes de la Santa Sede.

También están bajo dicha jurisdicción las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan personalidad jurídica canónica y que tengan sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, agrega la nota.

Fuente: minutouno.com