Si fuese un partido de fútbol, el Gobierno sacaría del medio. La Justicia le propinó un fuerte revés a la estrategia expropiatoria de la Casa Rosada en el caso Vicentin al reponer los órganos de administración de la compañía y, fundamentalmente, no reconocer la intervención para colocar al Gobierno en el mero lugar de veedor .
La medida no es menor ya que se trata de la primera decisión de peso del juez del concurso, Fabián Lorenzini. El magistrado plantó bandera y se posicionó como autoridad en el proceso judicial de la cerealera, más allá de la incontinencia regulatoria que salió como tromba y floja de sustento jurídico de Balcarce 50.

La historia de Vicentin empezó con el anuncio de la intervención y el proyecto de expropiación. El presidente Alberto Fernández fue quien encabezó la ofensiva. Luego llegó un decreto mediante el cual se dispuso desplazar a los directores y, además, se nombró una intervención que tendría a su cargo la administración de la compañía. Aquella ensalada regulatoria se basó en algunos artículos de la ley de expropiaciones y utilizó un instituto llamado "ocupación temporaria anormal".
Pero aquel herramental olvidó que un juez, justamente puesto por otro poder del Estado para custodiar la integridad de la compañía para poder hacer frente a las deudas, ya intervenía en la causa. Si hubiese que recrear un diálogo, el magistrado le dijo al Poder Ejecutivo que toque timbre antes de entrar . Y que encantado le abre la puerta para mirar lo que quiera, pero eso de tocar, cambiar de lugar, vender o regalar, por ahora, no lo puede hacer.
El decreto había desplazado a los directores y el juez los volvió a establecer. Aquella norma había dispuesto que los interventores enviados por el Gobierno pasaban a administrar a la sociedad plenamente. Ahora van a ser simples veedores en los términos de la ley de concursos y quiebras -con facultades mucho más limitadas- y no del decreto, que le daba la potestad total sobre bienes y gestión.
En algún punto, el juez volvió a tomar la conducción de la empresa nuevamente y, pudiendo haber nombrado un interventor, volvió a dejar la gestión en manos de los ejecutivos .
Uno de los efectos más puntuales de la medida es determinante: Gabriel Delgado, el interventor nombrado por el Poder Ejecutivo, deberá reportar al magistrado y no al Gobierno. Al menos en sus acciones dentro de la empresa.
Según los fundamentos del juez, la figura del interventor procede "para aquellos supuestos de realización de actos prohibidos, ausencia no autorizada, ocultamiento de bienes o información y toda otra conducta que genere perjuicio a los acreedores". Nada de eso, según su visión, se puede ver en la causa.
Delgado tendrá ahora, según palabras de Lorenzini, funciones de "seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervenciones del órgano de administrador".
Además, se declaró incompetente para entender en la nulidad del decreto. Todos deberán contestar los traslados y, entonces, se resolverá más adelante . Mientras tanto, tomó las riendas del concurso.
La historia será larga. Si el Gobierno apela, se podrá apreciar un increíble paisaje: un poder del Estado discutiendo la decisión de otro por la cual un magistrado no hace más que encuadrarse dentro del derecho consagrado. Pero la política no sabe de fronteras cuando pone en la mira empresas testigo. Hasta ahora, siempre fueron los tribunales internacionales los que le recordaron las fronteras. Esta vez, un silencioso juez de Reconquista.

Por: Diego Cabot/La Nación