Desde el Juzgado Federal de Río Cuarto niegan que las amenazas que sufrió el juez Carlos Ochoa en la causa por el narcolavado provengan de la política, tal como lo había denunciado la diputada nacional Elisa Carrió en su paso por la ciudad.

La secretaria penal, Lucía Storani, indicó que las intimaciones fueron anónimas y no pueden atribuirse a algún sector de la política. “No escuché las declaraciones de la doctora Carrió, pero no es así”, planteó.

El último detenido en la causa de narcolavado ya había sido procesado otras dos veces por causas similares.

Storani comentó que Cortez fue imputado en 2009, aunque luego la Cámara revocó dos acusaciones en su contra.

La secretaria penal aclaró que aquellos casos no tienen relación con la actual causa del narcolavado por la que fue detenido ahora.

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