El gobierno Nacional aprobó el decreto sobre contrataciones en el Estado, con la finalidad de que se abstengan de dictar actos administrativos o adoptar decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias, que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco. Asimismo, deberán abstenerse de incurrir en prácticas, políticas o procedimientos que permitan, faciliten, promuevan o fomenten tales privilegios para el acceso a dichos cargos y empleos.

Además, según lo dicta este Decreto, se procederá a la revisión de toda la normativa de sus respectivos órganos y jurisdicciones a efectos de disponer, en los casos que resulte de su exclusiva competencia, la inmediata derogación de las normas internas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco, y que permitan, tales preferencias para el acceso a los empleos.

Esta medida se fundamenta en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en su artículo 1.1, compromete a los Estados Parte a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

De esta manera, el objetivo del Estado es asegurar  la integridad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, cumpliendo con el ordenamiento jurídico nacional y supranacional. Además, otra de las finalidades de esta decisión, es profundizar la recuperación de la calidad institucional, la integridad y la transparencia en todas las políticas públicas y eliminar toda aquella norma que le otorgue privilegios a familiares de funcionarios fallecidos en actividad, para integrarse a la labor pública, ya que esto atenta contra la garantía de igualdad.

Este Decreto entrará en vigencia luego de su publicación en el Boletín Oficial, que fue autorizado con la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.