La Dirección de Migraciones, delegación Córdoba, denunció en agosto de 2011 que en siete prostíbulos de Río Cuarto y alrededores eran explotadas alrededor de 30 mujeres provenientes de República Dominicana. Sin embargo, pasó un año entero hasta que se ordenó el cierre de los burdeles.

La Policía recién clausuró los locales luego de que, a instancias del Poder Ejecutivo de Córdoba, se aprobara en mayo de 2012 la ley provincial que ordenó la inmediata clausura de las whiskerías en Córdoba. Sin embargo, desde Migraciones recuerdan que ya existían herramientas para actuar: la ley nacional 12.331, conocida como Ley de Profilaxis.

Esa norma establece que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”. Además, sanciona a quienes “sostengan, administren o regenteen, ostensiblemente o encubiertamente casas de tolerancia”.

La denuncia, a la que tuvo acceso este diario, es más que contundente. “Casi todas (las mujeres dominicanas) se ganan la vida en tareas vinculadas con la prostitución, siendo maltratadas desde toda perspectiva humana”, se lee en la misma.

Y agrega un perfil penoso de las víctimas: “Confluyen para lo peor del caso, las casi nulas condiciones educacionales, económico-sociales y familiares que traen las extranjeras”.

Además, asegura que los responsables se apoyan “en la clandestinidad de sus inhumanas acciones, logrando amedrentarlas y esclavizarlas (a las mujeres) con promesas de mejores condiciones, las cuales, por supuesto, nunca se cumplen”.

Ante esa situación, Migraciones exhortó a la Justicia Federal que investigara el “autor o autores desconocidos por la posible comisión de los delitos de trata de personas y de tráfico de personas”.

Respuesta. El domingo 19 de mayo, este diario publicó una entrevista al ministro de Seguridad Alejo Paredes. Se le preguntó por qué la Policía miraba para otro lado antes de la vigencia de la ley provincial. “Mire, le voy a ser franco, los comisarios decían que no tenían sustento legal para actuar, pero ahora tienen una ley que deben hacer cumplir”, aseguró. Cuando Migraciones hizo la denuncia, Paredes era el Jefe de Policía.

Además, en la misma entrevista el funcionario manifestó: “Nosotros no tenemos capacidad para investigar, no hay dudas de que se trata de una red internacional que recluta chicas de ese país (…) y quien tiene la responsabilidad de atacar ese flagelo es Migraciones. Al parecer, a la repartición encargada de la cuestión no le interesa demasiado el tema”.

Ante esas declaraciones, Migraciones hizo conocer días atrás su postura.

Es más, el titular de la delegación de Córdoba, Marcos Maidana, aseguró que también hizo otras denuncias en las que alertaba sobre la probable explotación sexual de dominicanas y paraguayas en Carlos Paz. La denuncia data de enero de 2010 y tampoco hubo clausuras hasta antes de la ley provincial.

Además, Maidana señala otras acciones con respecto a mujeres dominicanas.

Por ejemplo, el Gobierno nacional firmó un convenio con República Dominicana un convenio para exigir un visado a los nacionales de este país que entren a Argentina. El objetivo es detectar mujeres que puedan ser víctimas de trata de personas.

Comisarios imputados. Hace dos semanas, la Justicia federal imputó a siete comisarios de la ciudad de Córdoba por ser parte de una cooperadora policial ilegal que cobraba aportes –por presunta protección– a prostíbulos y a comerciantes. El accionar de la cooperadora se descubrió tras el allanamiento de un prostíbulo en una causa por trata de personas.

Contrapunto jurídico. La Policía de Córdoba sostiene que recién desde mayo de 2012 tiene una ley que les permite clausurar prostíbulos y combatir la trata de personas.

La Dirección de Migraciones dice que antes estaba la ley 12.331 y que no hacían nada.