Es una esquina tranquila, con terrenos amplios, sin construir, pero con la posibilidad de hacer grandes torres frente al mar de la Playa Brava en Punta del Este. San Remo y la Avenida del Mar marcan el lugar de dos amplios terrenos que investiga la justicia uruguaya, con la sospecha de que se trata de otros bienes involucrados en el caso de lavado de dinero que alcanzaría al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Un lugar privilegiado del este uruguayo. Cerca de una linda playa, con salida rápida hacia La Barra y con comunicación directa con el centro comercial del balneario.

El diario El Observador informó ayer que "la justicia investiga dos nuevos terrenos sospechosos de lavado K en Punta del Este", que un "testaferro compró caro y vendió barato en Playa Brava" y que la sociedad anónima propietaria de los terrenos "está vinculada con Lázaro Báez".

La investigación gira sobre terrenos de 7000 metros cuadrados cada uno que están en el fraccionamiento Lobos, sobre la Avenida del Mar, a una cuadra de Roosevelt y a media cuadra de la rambla. Esto es en la Playa Brava, en la costa camino a La Barra y José Ignacio.

"Se trata de la zona más codiciada de Punta del Este porque cuenta con los permisos municipales para construir edificios de más de 20 pisos", expresó el diario uruguayo. Añadió que en la misma manzana, sobre la rambla, el magnate estadounidense Donald Trump proyecta construir una torre de 24 plantas.

En la nota se afirma que la justicia investiga la compraventa de esos dos terrenos y que "el nombre del empresario kirchnerista Lázaro Báez" figura como "sospechoso de orquestar una maniobra de lavado de dinero".

El fundamento de la investigación es el siguiente: según detectó la justicia, la sociedad anónima que figura como vendedora de los terrenos giró US$ 16,5 millones a una cuenta vinculada con Báez en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo.

Los datos obtenidos en la Dirección General de Registro arrojan un dato llamativo: que en lugar de valorizarse, como ha ocurrido con los terrenos de toda esa zona, los padrones 10.664 y 10.665 perdieron valor.

La documentación muestra que Ariadna SA compró ambos terrenos en 2002 a cinco millones de dólares cada uno y los vendió en 2006 a tres millones cada uno. Es raro eso: todas las operaciones inmobiliarias de este balneario tuvieron un encarecimiento en dólares constante que elevó mucho el precio de estos bienes.

La investigación concluyó que el comprador de 2006 fue Jaguar Capital LLC, empresa panameña que aparece vinculada con Báez. El 19 de diciembre de 2013, Jaguar Capital LLC vendió uno de los terrenos (el padrón 10.665) en US$ 2 millones, lo que abre dudas sobre lavado de dinero y también sobre evasión de impuestos. El Banco Central de Uruguay detectó que entre marzo de 2012 y marzo de 2013 Jaguar Capital LLC (propietaria de los terrenos) giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en el Principado de Liechtenstein, a nombre de Helvetic Services Group. Y "ante las autoridades bancarias los representantes de Jaguar Capital LLC explicaron que la transferencia de fondos a Helvetic respondía al pago de uno de estos terrenos en Punta del Este: el padrón 10.655". Pero ahí se dio una contradicción: "Este terreno fue vendido recién en diciembre de 2013 y a US$ 2 millones".

Además, hay "documentos oficiales" en los que queda claro que "el titular de Helvetic, la sociedad que recibió los US$ 16,5 millones en Liechtenstein, es Néstor Marcelo Ramos, a quien el fiscal argentino José María Campagnoli definió como el «enigmático testaferro» de Báez". El actual propietario del padrón 10.664 es "Jaguar Capital Holding Inc.", la sociedad en que se transformó Jaguar Capital LLC en octubre de 2013.

TOMADA, EN LA MIRA DE UN FISCAL

El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación para determinar si es cierto que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es además "asesor legal" del gremio de pasteleros y, como tal, lo favoreció e incurrió en una incompatibilidad.

El fiscal presentó la semana pasada un requerimiento de instrucción y pidió las primeras medidas de prueba, como consecuencia de una denuncia de diciembre pasado, en la que se sostuvo que Tomada habría utilizado su cargo de ministro para "apretar empresarios" y favorecer económicamente al sindicato.

Fuente: lanación.com