A través del Decreto 55/2025, el Gobierno finalmente disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) y eliminó su registro de conciliadores y fondo de financiamiento, que estaba destinado a solventar los honorarios y notificaciones. Esta decisión se basa, según el texto oficial, en la existencia de organismos similares y la búsqueda de “desburocratizar y simplificar” procesos administrativos. Se aseguró así que la medida no afecta los derechos del consumidor, ya que otras instancias continúan operativas.

El servicio trabajaba sobre “los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versaren sobre conflictos en las relaciones de consumo regidas por la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, cuyo monto no excediera de un valor equivalente al de 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles”. Las actuaciones administrativas del Coprec que todavía estén pendientes de resolución seguirán su trámite en la secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía, informaron autoridades.

En el documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se explicaron las razones que motivaron la disolución del Coprec. “Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno y avanzar hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos, evitando la duplicación de competencias y facultades asignadas a organismos que, en ámbitos geográficos concentrados, persiguen objetivos con la misma finalidad”, advirtieron.

Y es que el funcionamiento del Coprec, indicaron, “en la práctica ha operado exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires” y allí “existen otros ámbitos e instancias que tienen sustancialmente la misma finalidad”. Remarcaron, además, que esto generó “en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios”.



En este contexto, el Gobierno destacó que la disolución del Coprec permitirá a la “Ventanilla Única Federal” -gestionado por la Secretaría de Industria y Comercio- a distribuir y asignar reclamos interpuestos por los consumidores que ingresan mediante dicha plataforma, para su tratamiento y consideración, en todo el territorio nacional.

Conocida la decisión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó en su cuenta de la red social X que en 10 años de existencia el Coprec le costó al contribuyente unos $6.500.000.000 solo para conciliar, 4350 reclamos. Es decir, que cada una de esas 4350 conciliaciones le costaron a los contribuyentes $1.500.000 aproximadamente.

“Asumiendo 10 productos comprados por día por 2/3 de población, los 4350 casos son el 0,000000004% de las transacciones realizadas en ese período. A partir de hoy nos liberamos de financiar este dislate”, continuó.

En noviembre del año pasado ya había trascendido que el Gobierno estudiaba cerrar este servicio y tanto la Unión de Mediadores Prejudiciales (UMP) como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) se mostraron en contra.

“Desde el Cpacf instamos a las autoridades competentes a que, en el proceso de toma de decisiones, se exploren otras alternativas previstas en la legislación vigente que permitan preservar el trabajo de los conciliadores y evitar cualquier perjuicio a su labor profesional. Recordamos que la figura del conciliador es independiente y que su trabajo no compromete la estabilidad fiscal, por lo que creemos que esta situación puede ser abordada sin recurrir a medidas que afecten el desarrollo de esta importante función. El CPACF reafirma su compromiso con la defensa del ejercicio profesional de sus miembros y con la protección de los derechos de los consumidores”, afirmaron en ese momento.

En tanto, Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), dijo que las provincias, sobre todo la de Buenos Aires, tiene en los municipios las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que tienen dificultades. “No sé si están dispuestas a llevar adelante ese organismo. Sacar el Coprec es sacarle al consumidor una herramienta que resuelve muchos casos”, agregó.


Fuente: La Nación