La intención es dar una señal de firmeza política y sostener el relato de la Presidenta, que diagnosticó que la crisis social es una conspiración destituyente.

La segunda preocupación es económica: los acuerdos salariales implicarán un salto en la masa salarial de todas las policías provinciales, de $ 39.000 millones, presupuestados para 2014, a $ 64.000 millones. Esa diferencia, de $ 25.000 millones para todo el año próximo, no la tienen los gobernadores.

O se endeudan o pedirán más coparticipación a la Nación, que sólo podrá cubrir ese bache fiscal mediante una mayor emisión monetaria, lo cual podría acelerar la inflación. "Sólo nos queda imprimir. La situación es más grave de lo que parecía", confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, con resignación.

El problema que presiente la Presidenta es que esa primera "paritaria" salarial arrojó un 64% de aumento y todavía faltan los médicos, judiciales, administraciones centrales y docentes. "En febrero nos esperan los maestros sentados", dijo un funcionario clave.

La depuración de las cúpulas policiales fue la primera decisión política de Cristina Kirchner para mostrar cierta firmeza ante los reclamos y ganarles la pulseada territorial a las fuerzas del orden, a las que considera complicadas con bandas de criminales y narcotraficantes que desataron los saqueos que luego se masificaron.

"El pedido de Cristina antes del acto de la democracia a los gobernadores, en privado, fue que echen a todos los jefes de las policías involucradas. Se les acuartelaron sus subordinados, pero no pueden estar al frente si no les hacen caso", señaló una fuente oficial a LA NACION.

PURGA Y DEPURACIÓN

Luego de ese pedido privado, la mandataria hizo público el pedido de esa purga policial "de una vez" en su discurso de anteayer antes de bailar en la Plaza de Mayo junto a Moria Casán. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pidieron ayer en forma pública una "depuración" y una "conducción política" de las fuerzas.

También fue una manera de deslindar responsabilidades del Gobierno en las provincias. Los éxitos y los ingresos los centraliza la Casa Rosada; los costos políticos busca federalizarlos.

En esa línea, en la Casa Rosada celebraron que el gobernador de Tucumán, José Alperovich, que ya no genera encanto en Balcarce 50, forzara la renuncia de su jefe policial, Jorge Racedo, que fue reemplazado por el comisario Dante Bustamante. El mandatario denunció "infiltrados", en una réplica del relato kirchnerista.

El lunes último, luego de la oleada de saqueos en Córdoba que disparó la crisis en todo el país, fue el gobernador José Manuel de la Sota quien despidió a su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su jefe policial, César Almada. Lo hizo antes de reunirse al día siguiente con Capitanich en la Casa Rosada para abordar todos los temas provinciales.

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, de inocultable cercanía a la Casa Rosada, también señaló que detrás de los saqueos existe una "mano desestabilizante".

Dentro de la Casa Rosada había funcionarios que rechazaban esta estrategia. "El problema es social. Los policías ganaban $ 4500 de básico. Córdoba puso el piso de $ 8500. No se gana nada echando al jefe policial, porque la rebelión está abajo y no en las cúpulas", razonó un alto funcionario.

¿Pueden las provincias hacer frente a los salarios policiales en 2014? En usinas provinciales aseguraron que Buenos Aires y Córdoba pueden afrontar aumentos con recursos propios. Pero las demás provincias no, y deberán recurrir a la Nación.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, fue a los ojos de la Casa Rosada el más rápido y eficaz para resolver la crisis. También estableció junto con De la Sota un diálogo entre pares, en el que participan Paco Pérez, Antonio Bonfatti (Santa Fe) y Sergio Urribarri (Entre Ríos). (Fuente: lanación.com)