A siete años de la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, la justicia federal sigue enfocada en el entrecruzamiento telefónico de las comunicaciones ocurridas durante el fin de semana en el que ocurrieron los hechos y la ubicación de esos contactos, y en las declaraciones testimoniales de decenas espías y ex espías que se comunicaron durante el fin de semana del 18 de enero de 2015. Igual que en los últimos años, y pese a haber dado por probado que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio cuyo autor material no se dilucidó, las medidas en curso no tienen que ver con lo que ocurrió puertas adentro del departamento del fiscal, sino con el contexto de su muerte.

No hay nuevos imputados en la causa ni una línea de investigación novedosa, y el único procesado como partícipe necesario por el presunto homicidio de fiscal es quien fuera su técnico informático, Diego Lagomarsino. Los cuatro custodios del fiscal fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos por el delito de encubrimiento.

El primer entrecruzamiento se elaboró sobre las comunicaciones entre 450 aparatos y se terminó a fines de 2018. En función de esa información se empezó a trabajar sobre las ubicaciones de las flotas de teléfonos y las circunstancias de los contactos entre los espías. Gran parte de las comunicaciones fue vía Nextel, en la modalidad “walkie talkie”, y eso explica, en cierta medida, la cantidad de intercambios entre determinados agentes, dijo una fuente de la investigación. A partir del análisis de los comportamientos comunicacionales del fin de semana de la muerte de Nisman, la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano se enfoca en los movimientos de una de las bandas enfrentadas en ese momento: la de Fernando Pocino y agentes de la ex-SIDE que reportaban a su dirección.



Ese análisis dio lugar, según fuentes de la investigación, a las decenas de declaraciones testimoniales a ex agentes y personal jerárquico de inteligencia que se tomaron en los últimos meses. Fueron más de 30 testimoniales que se llevaron adelante fuera de la fiscalía para proteger la identidad de los agentes y exagentes -un gran porcentaje de los que declararon-.

Una de esas declaraciones se le tomó un exagente que el domingo 18 de enero por la mañana se comunicó desde Martínez, cerca de la casa del técnico informático Diego Lagomarsino, con integrantes de un grupo de espías bajo la lupa de la Justicia, pero el interés que esa pista había despertado en los investigadores hace dos años se apagó, admitió una fuente de la causa a este medio. Restan, al menos, 10 declaraciones de ex miembros jerárquicos de la central de inteligencia que se concretarán cuando sea reanudada la actividad judicial, dijeron fuentes judiciales.

Otra de las medidas en curso tiene que ver con el peritaje de los aparatos secuestrados en 2017 a los imputados, entre quienes se encuentran los custodios de Nisman y el técnico informático Diego Lagomarsino, procesado como único partícipe necesario del crimen.

El peritaje se elaboró antes de que rigieran las medidas de aislamiento que interrumpieron la actividad judicial, pero Lagomarsino impugnó la apertura y análisis del material de sus dispositivos. Ese planteo estuvo durante al menos un año en la Corte Suprema, que finalmente, en junio del año pasado, habilitó al fiscal Taiano para llevar adelante la compulsa del material, que según aseguran en la fiscalía, es muy compleja. “Se procedió a la compulsa de todos esos elementos que a modo de información son 10 o 15 elementos de almacenamiento de información: hay teléfonos, pendrives, discos rígidos y discos de computadora de los imputados”. “Encontramos que por lo menos cada elemento probatorio tiene entre 10.000 y 15.000 archivos para compulsar”.


(La Nación)

Un hecho relevante que se produjo el año pasado fue el cierre de la causa que investigaba la denuncia de Alberto Nisman, conocida como Memorándum con Irán. Ese caso fue cerrado por la Cámara de Casación Penal al considerar que no existió un delito en la política denunciada por el fallecido fiscal. Los funcionarios judiciales que investigan la muerte de Nisman aclararon que ese fallo “no modifica ni altera la hipótesis del homicidio”.

La prueba del homicidio

El único elemento sobre el cual la Justicia sostiene la hipótesis del homicidio -avalada por la Cámara Federal- es el peritaje de la Gendarmería Nacional, cuestionado duramente por el oficialismo y por la defensa de Lagomarsino.

El informe realizado por una junta de expertos de la Gendarmería Nacional había asegurado en 2017 que a Nisman lo mataron dos personas. Lo golpearon y lo redujeron en su departamento haciéndole ingerir ketamina antes de dispararle, concluyó ese informe. Una persona lo sostenía por detrás, con una de las rodillas tocando el piso, mientras la otra llevaba el arma hacia su cabeza y le disparaba. El informe agrega que el tirador dejó el arma en el piso, detrás del cuello del fiscal, y se retiró del baño para no pisar la sangre. Luego, su cómplice, que lo tenía tomado de las axilas, lo depositó en el piso y lo acomodó, concluyeron los expertos tras analizar las manchas de sangre.

Las conclusiones de ese análisis discreparon de los resultados de una junta criminalística anterior, a cargo de la Policía Federal, que en junio de 2015 había dicho que Nisman estaba solo y de pie cuando se disparó de frente al espejo. Pero tanto Taiano como Ercolini sostuvieron que no había contradicción entre ambos informes, sino que la Gendarmería, con una mirada integral, había llegado más lejos.

En paralelo, sigue en curso la causa sobre el patrimonio de Nisman y su familia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó los bienes de la madre y la hermana de Nisman, así como los de Lagomarsino y del empresario Claudio Picón -dueño del auto que manejaba Nisman- después de que la Cámara Federal lo condujera a acelerar la investigación en la que el principal delito investigado es el lavado de dinero, ya que tanto la madre como la hermana del fiscal y Lagomarsino eran titulares y cotitulares de una cuenta en el Banco Merril Lynch con más de 600.000 dólares, que Nisman nunca declaró.

La Nación Por Candela Ini

Imagen de tapa: La Nación