Las empresas de medicina prepaga, sanatorios, clínicas y demás prestadores denuncian que hay un plan del Gobierno para estatizar de hecho el sistema privado de salud en el país, motivo por el cual se ha asfixiado al sector hasta llevarlo a su actual estado de falta de sustentabilidad. Además, ratificaron que le reclamarán a la Justicia que se les deje actualizar las cuotas de sus planes, al tiempo que se pedirá al Congreso que se los reciba para explicar su situación.

En una conferencia de prensa convocada por la Unión Argentina de Salud, UAS, su presidente, Claudio Belocopitt, afirmó que el Gobierno reconoce verbal y técnicamente la existencia de un desfasaje inmanejable y aún así no cumple con la ley que dice que debe ajustarse las tarifas en proporción al incremento de los costos. Acto seguido, ligó esa actitud a la intención de estatizar el sistema.

“La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso, las autoridades elevan un proyecto al Congreso y se debate de cara a la sociedad, como se hizo con las AFJP [Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones]. Pero si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero los desfinanciaría, lo pondría de rorillas y sobre los escombros y la ruina de la salud de millones de argentinos, diría que se sería necesario estatizar bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones”, dijo el Belocopitt.

La decisión de recurrir a la vía judicial, ante la imposibilidad de adecuar las cuotas al aumento de su estructura de costos, había sido confirmada por fuentes del sector privado de la salud. “Lo que pediremos es, ni más ni menos, que se cumpla la ley de 26.682, que regula nuestra actividad, y que establece que las tarifas se deben actualizar conforme se encarezcan los costos”, había comentado una fuente.

El último aumento autorizado por el Gobierno fue de 4,5% para abril y de 5,5% para mayo, alzas que se sumaron al del 10% que se aplicó en diciembre de 2020 y al de 3,5% que empezó a regir desde marzo de este año (el Gobierno frenó otra suba de 3,5% que debía efectivizarse en abril). Con estos aumentos, un plan familiar medio oscila entre los $15.000 y $20.000 mensuales.

Aún con estas actualizaciones, las empresas prestadoras de servicios de la salud en el país remarcan que persiste un desajuste de 40% entre lo que les aumentan los costos y lo que ellos cobran en concepto de cuotas de sus planes. “Aplicar ese incremento de golpe puede ser impracticable, pero lo cierto es que si se sigue acumulando este desajuste, en algún momento la diferencia va a ser aún mayor. Hay que darle un corte, porque esto no se arregla con un subsidio”, opinó una fuente del sector.

Sucede que a la inflación, que ya de por sí sola encarece los costos de los insumos indispensables para la adecuada prestación del servicio de salud, se le sumó la irrupción del coronavirus, que hizo disparar aún más los precios de esos productos. “Además, estamos a las puertas de un nuevo período de negociación paritaria”, agregó otra fuente.

En el caso de los medicamentos, en la Unión Argentina de Salud (UAS) insisten en que los precios acumulan aumentos que se ubican muy por encima de la actualización de su cuota: se parte de incrementos de 250% en un año, pero, según indican, hay casos específicos (especialmente en los que son de uso hospitalario) en que el alza superó el 1300%.

Una fuente del sector de la medicina privada explicó así la situación reinante: “Nosotros tenemos parte del sistema privado de salud ya con las paritarias vencidas y otra parte que va a vencer en los próximos 15 días. Los aumentos que se otorgaron, que se firmaron, se suspendieron, se volvieron a firmar y se volvieron a suspender, fueron siempre muy inferiores a la inflación. En 2020, el sector tuvo solo un 10% de aumento en diciembre, con lo que el aumento real en el año fue de 3% ponderado. Después vinieron los aumentos de abril y mayo, que fueron exclusivamente a cubrir la cláusula de revisión que se había firmado en la paritaria de 2019-2020″.

La Nación