La Defensoría del Público lanzó NODIO, un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”, según la presentación en la página oficial.
Un anuncio que parece inspirado en las mejores intenciones. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que NODIO es la respuesta a la preocupación de las audiencias “por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”.
Sin duda existen noticias falsas, lo que no está claro es que el remedio a esta situación pase por la creación de un organismo más, ni que deba ser tarea de las autoridades ejercer esa vigilancia. El supuesto es que las audiencias no son capaces por sí mismas de discernimiento, ni de penalizar a los medios carentes de credibilidad.
Con un paternalismo conmovedor, son los funcionarios públicos los que se disponen a “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falaces”.
La Defensoría del Público -creada en 2012 por la Ley de Medios- declara solemnemente que “asume el compromiso democrático” de contribuir a la “búsqueda de un periodismo de alta calidad”, al “fortalecimiento de las audiencias críticas” y al “fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”, entre otras cosas. “Con ese fin nace NODIO”, dicen.
“Internet potenció la libertad de expresión ciudadana”, señalan desde la Defensoría. Pero lo que debería ser una buena noticia parece que los asusta, considerando que se disponen a restringir esa libertad con un organismo de vigilancia.
Para la Defensoría, esta potenciación “también contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática”.
El remedio es NODIO, que hasta nombre de fármaco tiene. Glenn Postolski, que ejerce como Director General de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, dijo: “Lo importante es que desde el observatorio produzcamos un conocimiento útil para construir un debate democrático plural y más robusto”.
Una pluralidad que no parece estar bien servida por un organismo que se propone dictar las pautas de lo que es buen periodismo y decidir cuándo una noticia es maliciosa. ¿Según qué criterios? ¿Según qué audiencia?
Consultado por Infobae, el doctor Félix Lonigro, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UBA, apuntó a otro aspecto cuestionable de la iniciativa: “Todo lo que tenga que ver con crear organismos con la finalidad de revisar información y adoptar medidas contra quienes informan, implica siempre mecanismos que en realidad coartan la libertad de expresión. Porque el criterio de desinformación es subjetivo”.
Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED, fue categórica: “Esto es el primer paso hacia una cosa más grave. Es como un primer paso hacia un ministerio de la verdad. Se confunde el rol que el Estado tiene que tener sobre la libertad de expresión y se intenta desde un organismo estatal decidir qué información es maliciosa o qué información verdadera o falsa. Y esto significa una injerencia directa sobre principios constitucionales, como el del artículo 14 ó el 32 que claramente dicen que el Estado no puede intervenir sobre la libertad de prensa”, dijo a Infobae.
Consideraciones constitucionales que no parecen haber estado en la mente de quienes concibieron NODIO.
“En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, dijo Miriam Lewin.
Pero, como explica Félix Lonigro, “una cosa es que una persona se exprese y al hacerlo cometa un delito de calumnias o injurias, o apología del delito, y que luego tenga consecuencias penales, pero muy distinto es que se cree un organismo a nivel político para evaluar quién informa y quién desinforma, porque el criterio de información y de desinformación es subjetivo, y eso condiciona la libertad de expresión”. “Es una vergüenza pero es típico de gobiernos populistas”.
Y agregó: Todas las ideas y expresiones que sean racistas, sexistas, discriminatorias y antidemocráticas, tendrán consecuencias penales posteriores, pero jamás se pueden ejercer mecanismos de control previo a la expresión porque de lo contrario estamos ante una dictadura, contrario al sistema republicano".
“Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa -escribió en redes Cristian Ritondo, presidente del Bloque de Diputados del PRO-. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos. El Estado Nacional tiene que garantizar la libertad de expresión, no restringirla”.

Infobae