Luego de que trascendiera la noticia de que el Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, desde la oposición criticaron el intento de avasallamiento del oficialismo y llamaron a defender la división de poderes.

Una de las primeras en manifestarse públicamente fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien a través de las redes sociales lamentó la “obstinación” de Cristina Kirchner. “Siempre el mismo modus operandi: señalar públicamente a alguien, fagocitar el escrache y presentar un Juicio Político por una decisión que va en contra de lo que ella quiere. Defenderemos a Rosenkrantz y la división de poderes siempre”, publicó la ex ministra de Seguridad.
 

Qué obstinación la de Cristina Kirchner. Siempre el mismo modus operandi: señalar públicamente a alguien, fagocitar el escrache y presentar un Juicio Político por una decisión que va en contra de lo que ella quiere. Defenderemos a Rosenkrantz y la división de poderes siempre.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 3, 2020

En la misma línea, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, adelantó: “A tres días de que Carlos Rosenkrantz convocara al máximo tribunal para tratar el per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el oficialismo ingresa en Diputados un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. Una extorsión que no permitiremos”.



“Nada nuevo bajo el sol. Ahora es el turno de la corte, juicio político a Rosenkrantz. Impunidad y revancha. Otra embestida K a la justicia Argentina”, sintetizó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff.

En tanto que Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, afirmó que el pedido de juicio político al presidente de la Corte “es una clara intimidación hacia su persona”. Y agregó: “Por más que quieran, no van a poder. Hay una inmensa mayoría de nuestra sociedad que defiende el estado de derecho, la Constitución y la justicia independiente”.

Por su parte, la diputada Paula Oliveto acusó al Gobierno nacional de seguir el “modelo Maduro”, en referencia al dictador venezolano. “En Argentina, una vicepresidenta remueve a los jueces que la investigan y le inician juicio político al Presidente de la Corte. No van a poder pero cómo se les nota que les encanta el modelo Maduro”, dijo.

En su habitual tono polémico, el diputado Fernando Iglesias calificó a su par Vanesa Siley -autora del proyecto- como una “sicaria obsecuente de Cristina”



“Comenzó el hostigamiento a la Corte Suprema, y en especial, a quien la obligó a decidir sobre la aceptación o denegación del Per Saltum. Después hablame de extorsiones a los jueces Alberto Fernánez”, ironizó.

Por su parte, el diputado Waldo Wollf acusó al oficialismo de tener una “agenda medieval” y pronosticó que “seguro esta semana arrancan con la vida privada”. “No les gusta lo que vota Rosenkrantz y salen a pedirle juicio político. Háblame de tolerancia y republicanismo”, concluyó.

Hernán Reyes, diputado porteño por la CC, señaló que “el narcisismo y la irracionalidad de Cristina tiene un solo límite y es firmeza y unidad en la ley”. También dijo que la vicepresidenta “va por todo y eso incluye la autoridad de su propio presidente”.

“Van por Rosenkrantz”, alertó la diputada bonaerense Carolina Píparo, y denunció que “hasta acá la gestión solo buscó la impunidad de una banda y profundizó todos nuestros problemas”. “Acepten que no hay una Corte adicta, respeten la democracia”, remató.

El 25 de septiembre, cuatro días antes de que el máximo tribunal habilitara el per saltum y prohibiera, por el momento, reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Carlos Rosenkrantz por “mal desempeño”.

Según Siley, “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.