La diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz. Lo hizo el 25 de septiembre, cuatro días antes de que el máximo tribunal habilitara el per saltum y prohibiera, por el momento, reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner.

En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó este sábado la diputada en sus redes sociales.



La autora del proyecto señaló en los fundamentos que el mal desempeño “no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance”.

En esa línea, citó a Joaquín V. González: “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político”.

Según la diputada, “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.

En particular, Siley cuestionó la actuación de Rosenkrantz en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”, todos relacionados con la última dictadura militar.
“Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes -posición compartida por la comunidad internacional-, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”, argumentó.

Y agregó: “La decisión tomada por este ministro en los casos ‘Muiña’ y ‘Rufino Batalla’ agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina”.

El pedido de juicio político llega en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial. El pasado jueves la Corte Suprema con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.

Cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.

Así, quedó en suspenso el trámite. En la misma resolución se le comunicó al Consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie la Corte sobre el fondo de la cuestión, debe abstenerse de llevar adelante cambios y/o designaciones de magistrados; y al mismo tiempo le dio 48 horas para enviar el expediente completo.

De esta manera, la Corte se expidió sobre la admisión del recurso, pero no sobre el fondo, porque la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Es probable que, como el máximo tribunal acortó los plazos y decretó días y horas inhábiles, la decisión sobre el fondo sea muy rápida. Mientras tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.

Cabe destacar que para poder destituir a un juez supremo, el oficialismo debería contar con dos tercios de los votos en el Senado, una mayoría que por el momento no alcanza.

La resolución con el pedido de juicio político