Profesionales médicos de una unidad de atención sanitaria de la localidad de Villa Griselda, en La Banda, Santiago del Estero, le negaron la interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años que había quedado embarazada producto de una violación.

Una autoridad médica de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) Nº 3 de Villa Griselda mintió con respecto al tiempo de gestación para que la niña no pudiera realizar a tiempo la interrupción de su embarazo.

La práctica del aborto para un caso como el de la pequeña de Villa Griselda está contemplada por la ley argentina desde 1921, hace casi 100 años. Incluso, al tratarse de una menor de 13 años, esa relación sexual es contemplada por la ley como violación.

Sin embargo, algunas autoridades del centro de salud que la atendieron apelaron a diversas estrategias de ocultamiento de información y mentiras para evitar la realización del procedimiento.

María (nombre ficticio), la protagonista de la historia, es cartonera. Según su legajo del sistema de protección de niñez, su vida estuvo atravesada por los abusos sexuales. En los documentos figuran denuncias de cuando ella tenía 3 años, en 2011, y luego dos episodios nuevos padecidos en el 2013 y el 2017.

La niña vive junto a su madre, la pareja de ella y sus dos hermanitos de 8 y 6 años en una habitación muy humilde que la familia alquila en las afueras de La Banda.

De tal modo, María quedó involucrada en una trama que ya es moneda corriente en la provincia de Santiago del Estero, donde no se aplica un protocolo de atención de los casos de interrupción legal de embarazo, generalmente debido a artimañas de los profesionales de la salud pública.

A lo largo del tiempo, se volvió una práctica habitual que aquellas personas que atienden este tipo de embarazos les mienten a las solicitantes del aborto y luego ocultan información a las autoridades sanitarias provinciales. Una vez que éstas toman conocimiento de la situación, el embarazo de la solicitante ya se encuentra en un estado muy avanzado y no queda otra alternativa que continuarlo.

La historia de María se remonta al 2 de abril, cuando acudió a la UPA Nº 3 acompañada por su madre debido a fuertes dolores abdominales. Después de idas y vueltas, la pequeña logró hacerse una ecografía en una sala del barrio Misky Mayu.

El resultado del procedimiento dio una edad gestacional de 20 semanas. La niña volvió a atenderse en la UPA Nº 3 y, según afirmaron referentes de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, dentro de ese establecimiento nunca le brindaron la información necesaria sobre derechos sexuales y reproductivos, acción que está contemplada en los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La coordinadora de la UPA Nº 3 de Villa Griselda, María de los Ángeles Pereyra, se demoró así casi tres semanas en comunicar a las autoridades sanitarias de Santiago del Estero sobre el embarazo de María.

El informe de la médica está fechado el 26 de abril, pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Lo peor de la historia es que, en ese mismo documento, la médica informó que la niña llevaba un embarazo de 26 semanas: le agregó un mes y medio al tiempo de gestación real. Además, se especificó que el embarazo había sido producto de una relación con otro joven, cuya identidad no fue revelada por la protagonista.

“Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”, rezaba el comunicado de Pereyra.

Al recibir la documentación, la cartera sanitaria de Santiago del Estero asumió que el tiempo de gestación ya se acercaba a las 30 semanas, por lo que se indicó continuar con el acompañamiento del embarazo. La práctica de la ILE se había dificultado demasiado.

Así, la historia continuó hasta la intervención de los representantes de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que decidieron derivar a la pequeña al Centro Integral de La Banda, una de las grandes referencias de maternidad en la provincia.

En ese nuevo centro de salud se constató que María no cursaba la semana 30 de embarazo, sino que se encontraba en unas 24 semanas, aproximadamente.

Pese a que con esa nueva información todavía se podía haber efectuado la práctica de la ILE, el sistema de salud provincial tampoco respondió al reclamo.

La mamá, obligada por la situación personal de la familia a tener que regresar con sus otros hijos pequeños, firmó el alta voluntaria de María y ambas abandonaron el centro de salud.

En las semanas siguientes, se produjeron diversos cortocircuitos entre un tocoginecólogo de la provincia, que aseguraba que todavía era posible practicar el aborto, y representantes de Maternidad e Infancia de la provincia, que aseguraban que ya era demasiado tarde y riesgoso.

El caso de María fue elevado finalmente al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, desde donde se aconsejó reportar todas las irregularidades del caso de María a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que se restituyan los derechos vulnerados a la niña de 12 años.

Fuente: Infobae