El fiscal Carlos Altuve solicitó ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires que trate el planteo a través del cual se oponía al fallo del juez Víctor Violini que habilitó la concesión de prisiones domiciliarias de manera masiva. 

En esa presentación, Altuve consideró "de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación" el fallo de Violini, que planteó la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Esta medida se tradujo en 599 morigeraciones en las condiciones de prisión en el último mes, según las cifras oficiales. Teniendo en cuenta los casos de aquellos internos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida, el número global de detenidos que dejaron los penales bonaerenses en estas semanas asciende a unos 2.200.

La discusión política estalló cuando se detectaron decisiones judiciales que dieron domiciliaria a presos que tenían penas por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, entre otros. A raíz de esto, el Procurador General, Julio Conte Grand, investiga 148 resoluciones a través de las cuales se concedieron morigeraciones "infundadas, por el tipo de delitos de las personas", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

En el escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que la medida de Violini "configura un supuesto de extrema gravedad institucional, no sólo para el caso concreto sino también por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal todo, y afecta el orden público, ello en virtud de la incertidumbre que genera el fallo cuestionado respecto de la implementación de las medidas dispuestas".

La Casación bonaerense había fundado su decisión en dos factores centrales: por un lado, la sobrepoblación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pues hay 44 mil presos alojados cuando el espacio real es sólo para 25.000; y por otro lado, los más de 2.300 presos de riesgo ante el coronavirus que se encuentran en esos penales.

Ante este escenario de crisis, el fiscal consideró que sin minimizar la situación del sistema carcelario, se adoptaron acciones que pueden acarrear consecuencias mayores. "Las medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal".

Entre sus planteos, Altuve aclaró que no se pone en discusión la situación de emergencia sanitaria imperante producida por el COVID 19, ni la carcelaria producto del hacinamiento, ni las necesidades de adoptar medidas urgentes, "pero eso no justifica una alteración total del orden constitucional ni legal, sino todo lo contrario: en situaciones de emergencia es cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes".

La controversia se alimenta de otras cuestiones. El Ministerio de Justicia cuenta con 1.950 tobilleras electrónicas y todas están en uso, es decir que las morigeraciones se están concediendo sin monitoreo a través de un dispositivo.

El fiscal Altuve manifestó entonces que está de acuerdo con la búsqueda de alternativas para evitar que el coronavirus ingrese a los presidios bonaerenses. Pero interroga sobre la forma de alcanzar ese objetivo. Y advierte que, si no se establecen claramente las categorías de delitos que habilitarían la prisión domiciliaria, el fallo de Casación tomado en su amplitud puede derivar en miles de excarcelaciones.

Según el fiscal, se deberían detener las excarcelaciones en curso, hasta el pronunciamiento de la Suprema Corte provincial.

Lo que ocurrió es que tras un planteo de los Defensores oficiales de la Provincia, la Casación declaró “inadmisible” el recurso presentado por la fiscalía contra la orden de otorgar prisión domiciliaria, en esos términos. Ante ese rechazo, el fiscal Altuve pidió que la Corte dé tratamiento a su reclamo.

Presentada la queja en la Corte bonaerense, el máximo tribunal tendrá que responder dos cosas. Primero, si admite o no el recurso, por cuestiones de técnica jurídica. Si lo hace, la segunda es qué resuelve sobre la cuestión de fondo.

En este punto, una posibilidad es que la Corte decida avalar las excarcelaciones pero de un modo mucho más prudente. “Como están las cosas hoy, sería algo más parecido a un goteo que a una catarata”, especuló alguien que conoce los pasillos de los tribunales platenses.

Fuente: Clarín