El Senado debatía este miércoles por la tarde el proyecto de ley que establece una nueva regulación sobre el financiamiento de los partidos políticos para que las empresas puedan hacer aportes a la campaña electoral y el oficialismo confía en aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados, pero finalmente fue postergada por falta de acuerdo y pasaría al próximo miércoles.
   
La iniciativa llegó al recinto de la Cámara alta luego de que Cambiemos y el Bloque Justicialista alcanzaran un acuerdo respecto de algunos de los puntos principales, como el límite para los aportes privados. Según indicaron fuentes del oficialismo, se llegó a que los aportes de las empresas -que en la ley actual están prohibidos- tengan un tope del 2% del total de los gastos de campaña, en lugar del 5% que fijaba el proyecto original.
   
De esa negociación participaron senadores del oficialismo y la oposición y también un grupo de diputados nacionales, dado que la intención es que, una vez aprobado por el Senado, el proyecto corra la misma suerte en la Cámara baja y que no sea devuelto con modificaciones.
   
Ocurre que la idea de Cambiemos y del peronismo agrupado en el espacio Argentina Federal es que la nueva ley entre en vigencia a partir de abril, justo antes del inicio formal de la campaña electoral. Sin embargo, hay algunos puntos sobre los que todavía no se llegó a un consenso y se esperaba se discutan en el marco de la sesión, como lo referido a la publicidad en internet, dado que algunos senadores quieren que el proyecto garantice que el 50% se destine a portales nacionales, pero el debate fue suspendido.
   
El tema se discute incluso dentro del interbloque Cambiemos, donde el radicalismo sostiene la necesidad de fijar ese límite mientras que el PRO lo rechaza, según confiaron a Noticias Argentinas fuentes de la bancada oficialista.
   
El proyecto se encuentra girando en el Senado desde mediados del año pasado, cuando el Gobierno lo envió en medio del escándalo por las irregularidades en los aportes de la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017. La iniciativa fue objeto de fuertes discusiones desde el inicio y, si bien en noviembre pasado obtuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el justicialista Dalmacio Mera (Catamarca), su tratamiento se postergó en diciembre y se descartó en febrero.