Las cosas ya no eran igual para cuando P. fue encontrada por Gendarmería Nacional en la ciudad boliviana de Bermejo este último fin de semana. Tenía ya 45 años de edad, un hijo de nueve que había nacido durante su cautiverio. P., oriunda de Mar del Plata, volvió al país, en un operativo ordenado por José Luis Bruno, fiscal federal de Orán, con la secretaria María del Cármen Núñez.

Los médicos legistas se alarmaron de inmediato al verla sobre la balanza: P. estaba demasiado delgada, estaba 20 kilos por debajo de lo que debería pesar, su hijo también presentaba signos de malnutrición.

La Justicia argentina había comenzado a buscarla hace cuatro años, con un expediente remitido en 2014 por la PROTEX, el área de la Procuración encargada a investigar el delito de trata de personas a cargo del fiscal Marcelo Colombo. Estaba la historia de P., el pedido de dar con su paradero, lo poco que se sabía de ella.

Lo cierto es que P. había permanecido desaparecida por mucho más que cuatro años. Su familia la vio por última vez en 1987. Tenía apenas trece años de edad. Se había ido junto a su hermana y la pareja de su hermana, un ciudadano boliviano de 50 años de edad. Le había hecho promesas de trabajo, algo mejor, la clásica historia para una víctima de trata. Su hermana mayor tenía un bebé de apenas pocos meses. 

Su hermana, tres meses después, logró salir tras pelearse con su pareja. La habían engañado, había terminado trabajando en un prostíbulo de una hermana de su pareja. Volvió al país. Finalmente, en julio de 2014, 27 años después, la hermana denunció la desaparición de P., pero su declaración era errática, no podía precisar en qué lugar había sido retenida. Su hijo, apenas un bebé, no pudo volver. Su hermana, tampoco.

La PROTEX comenzó las primeras comunicaciones, libró un oficio al área de Interpol de la Policía Federal. Mientras tanto, la PROTEX recibía un dato de una denuncia anónima: P. estaría en la ciudad boliviana de Bermejo, departamento de Tarija, a 200 kilómetros de la frontera argentina. No había mucho con qué salir a buscarla. Apenas un testimonio, una partida de nacimiento. Así, comenzaron las búsquedas, tres años de resultados negativos, hasta diciembre de 2017.
La Unidad de Investigaciones Orán de Gendarmería llegó a un dato de calle:  P. atendía un puesto de comida en el Mercado Central de Bermejo, tenía un hijo con ella. El 22 de diciembre, un año después, la Unidad Antitrata de la Policía de Bolivia finalmente dio con ella en el lugar, un amplio complejo de tendales con techo de chapa y galpones.

Ante los policías, P. habló, en presencia de funcionarios de la Fiscalía de Menores de la ciudad. Decía que quería volver a la Argentina, que su explotadora y captora no era un hombre, un proxeneta, sino una mujer que la obligaba a ella y a su hijo a trabajar en el puesto, que la mantenía encerrada bajo llave en un garage de paredes color verde agua.

Varios patrulleros fueron hasta la casa. Los policías bolivianos pudieron constatar el relato de P. Su declaración quizás no decía todo: las condiciones eran deplorables. Detrás de vehículos había un placard, que actuaba como una especie de subdivisión con un acceso cerrado por dos candados. La captora de P. fue detenida: tenía en su poder los documentos de P., ya no argentinos, sino del Estado boliviano. Insólitamente, había sido nacionalizada en el país limítrofe durante su cautiverio. Ni siquiera tiene un CUIT en los registros argentinos.

Dos días después, asistida por personal de acompañamiento de la Procuración y Gendarmería, P. regresó a Mar del Plata para reunirse con su familia, un viaje que comenzó primero en un avión desde Salta a Aeroparque, luego en un micro desde Retiro.

Fuente: Infobae