La Justicia ordenó este miércoles al Gobierno y al Congreso sean públicas las declaraciones de bienes de los funcionarios y de sus familiares, que había sido quitados en el 2013.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró “inconstitucional el actual régimen de declaraciones juradas” por considerarlo contrario a las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y al derecho humano de Acceso a la Información Pública.

En agosto de 2016, la ONG Poder Ciudadano había presentado “un amparo contra el Estado Nacional, exigiendo que se declare inconstitucional la ley 26.857 sancionada en 2013, impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner, la cual modificó el régimen de declaraciones juradas restringiendo la información disponible para la ciudadanía”, según explican en Clarín.

Con la excusa de poner las declaraciones on line, la exmandataria quitó datos clave de la declaración para que los ciudadanos puedan investigar el aumento del patrimonio de los funcionarios.

Así, la Justicia declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 26.857, e intimó al Estado Nacional a que adecue el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales integrales a fin de permitir a los ciudadanos, el debido control y el acceso a la información, “teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación, el derecho de acceso a la información pública y el principio de progresividad de los derechos”.