Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA, volvió sorpresivamente este martes a los Tribunales de Comodoro Py. Si bien tenía que declarar el miércoles por la causa del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el empresario se adelantó y llegó a las 7.30 al edificio judicial. 

La compañía del empresario fue beneficiada en la licitación de ese gigantesco proyecto, como parte de una UTE de la que también formaba parte la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella. Se sospecha que Calcaterra pagó coimas para direccionar aquella licitación. 

Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, presta indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien le habría dicho que en esta causa no se va a “arrepentir”, haciendo alusión a la causa de los “cuadernos K” en la que se convirtió en imputado colaborador. Además, presentaría un escrito ante el juez. 

En el marco de esta misma causa, Martínez De Giorgi también citó a declarar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido; a los ex secretarios de Obras Públicas, José López, y de Transporte Ricardo Jaime; y a empresarios de Comsam, Ghella y Odebrecht. Las indagatorias finalizarán el próximo 17 de octubre, con la sospecha de que hubo un “direccionamiento” en el proceso licitatorio y que luego se modificó el contrato original para esconder supuestos sobreprecios y coimas. 

"La falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección. Dicho accionar reviste, por otro lado, aptitud para vulnerar los principios de concurrencia e igualdad a la vez que se presenta como la primera manifestación de una serie de simulaciones legales que dan cuenta de un quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la administración pública", sostuvo el juez. 

Los dueños de Odebrecht ya admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos para beneficiarse con contratos de obra pública. En Comodoro Py ya hay tres causas diferentes sobre licitaciones adjudicadas a la constructora, acusada de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.