El Poder Ejecutivo nacional dio marcha atrás y retiró del Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que incluía un gravamen del 15% sobre la venta de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs).
El Gobierno nacional envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa orientada a reformular el crédito, el sistema de garantías y el mercado de capitales. Sin embargo, el texto desató un fuerte revuelo inicial al incluir un artículo que proponía cobrar el impuesto a las Ganancias sobre las operaciones con CEDEARs adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026.
Ante la repercusión generada y las consultas de agentes bursátiles y tributaristas, fuentes del equipo económico señalaron que el apartado formaba parte de una versión anterior del documento y confirmaron que el punto sería eliminado. Posteriormente, se decidió retirar por completo la iniciativa del tratamiento legislativo.
Contexto y argumentos oficiales
En los fundamentos del texto original, el Ejecutivo había argumentado que la exención vigente de estos instrumentos generaba diferencias con otros activos. Actualmente, los CEDEARs —certificados que se negocian en el mercado local y permiten invertir en acciones de empresas extranjeras— gozan del mismo tratamiento exento que las acciones argentinas al momento de su venta.
La propuesta del borrador apuntaba a modificar el inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para impedir que los inversores locales accedieran a dicha exención mediante activos que cotizan fuera del país, equiparándolos fiscalmente con una adquisición directa en el exterior.
El alcance de la Ley de Competitividad Financiera
El proyecto original enviado al Parlamento contemplaba diversos ejes para el sistema financiero y de capitales, los cuales quedaron bajo análisis tras la decisión oficial:
Mercado de capitales: La normativa establecía medidas para reducir los costos de las operaciones y habilitaba la tokenización de acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de fideicomisos.
Activos virtuales: El texto disponía que los activos virtuales pasaran a quedar bajo la órbita de control y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Modificaciones en plazos fijos: Se proyectaba que los certificados de plazos fijos a un año o más pudieran negociarse en mercados autorizados antes de su vencimiento, permitiendo a los ahorristas recuperar su dinero de forma anticipada sin cancelar el depósito.
Garantías y pymes: En materia de respaldo crediticio, se habilitaba el uso de programas informáticos y cuotas sociales como garantía válida. Asimismo, para las pequeñas y medianas empresas, la aceptación automática de facturas de crédito electrónicas pasaba de quince a veintiún días de plazo.