Organizaciones sociales, entidades eclesiales, sindicatos y legisladores nacionales presentaron un proyecto de Ley de Emergencia Socio-Urbana, Sanitaria y Ambiental en Barrios Populares, con el objetivo de garantizar un financiamiento estable, progresivo y permanente durante los próximos diez años para la concreción de obras de infraestructura en asentamientos vulnerables.

En diálogo con las emisoras del Grupo Apolo, Alejandra Basso, integrante del área de Infraestructura, Hábitat y Vivienda de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional), brindó detalles de la iniciativa y cuestionó duramente la política de ajuste de la gestión de Javier Milei.

"Ayer se presentó esta iniciativa por la mesa de barrios populares, la gente de Cáritas, Techo y con un grupo de más de 140 diputados y diputadas de diversos partidos, de diversas coaliciones", señaló Basso, mencionando la participación de legisladores como Máximo Ferraro, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Fernanda Miño y Nicolás Massot.

Sobre la motivación del proyecto, la dirigente fue tajante respecto al desfinanciamiento actual: "Milei cerró los fondos. Hoy hay más de 300.000 millones que tiene el Fondo con el Impuesto País. Esta ley viene a garantizar un financiamiento permanente para los barrios populares". Además, denunció que los recursos recortados al FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) se están utilizando con otros fines: "Ese déficit cero se basa en dinero que va sacando a diferentes políticas públicas y hoy ese dinero está en timba financiera directamente, en bonos, en un montón de cosas".

La realidad de los barrios populares

Al describir la magnitud de la crisis habitacional, Basso apeló a los números a nivel federal: "Los barrios populares, para que más o menos tengan una noción, es el 10% de la población de la Argentina, no ni de CABA, ni de la provincia de Buenos Aires, toda la Nación".

"Son lugares donde los ciudadanos y ciudadanas no tienen servicio de agua potable, no tienen cloaca, no hay electricidad segura, faltan calles, son de tierra, se llueven las casas. Hay 5 millones de habitantes en esa situación en Argentina, de los cuales 1.700.000 son niños y niñas", puntualizó.

El proyecto, que busca prorrogar la ley original impulsada entre 2017 y 2018, fija recursos escalonados respecto al PBI: "Llega a un 0,03% los primeros 3 años, un 0,075% los próximos 6 años y 0,11% del 2034 al 2036", detalló la integrante de ATE, explicando que en el interior del país el dinero se distribuiría mediante "una tablita de coeficiente de coparticipación, como en todas las políticas públicas que tenemos de infraestructura".

"Las intendencias están en una situación caótica"

Consultada sobre quién asume la responsabilidad ante la retirada del Estado Nacional, Basso advirtió sobre el colapso en los gobiernos locales: "Lamentablemente las provincias y las intendencias están en una situación también caótica. Se supone que la gente termina después en las intendencias golpeando la puerta para que le arreglen un bache, que le arreglen una vereda o que le pongan una luz, cuando el Estado Nacional se retrotrae, destruye políticas públicas, se come la plata que ponemos todos".

Finalmente, la referente estatal criticó la visión libertaria sobre la obra pública y el rol de los privados: "Es una falacia esto de que el Estado tiene que desaparecer. El famoso mercado que creen algunos, no le es redituable ir a una villa a ponerle agua y no se lo va a poner porque no lo puede hacer tampoco. Lo va a hacer en un country".

"Si no tiene rentabilidad las empresas privadas no van, es por eso la falacia de lo privado y lo estatal en una Argentina tan pobre que se ha vuelto", concluyó.