Las provincias argentinas asumen de manera desigual la provisión de prestaciones de salud sexual luego de que el Estado nacional interrumpió la compra y distribución federal de insumos esenciales. Así lo advirtió Amnistía Internacional en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

Lucía Altamirano, coordinadora de desigualdades y violencias por razones de género en Amnistía Internacional Argentina, explicó que desde 2024 la Nación dejó de adquirir y repartir medicamentos como el misoprostol y la mifepristona.

Esta decisión trasladó la carga prestacional directamente a las administraciones provinciales. Sin embargo, los distritos no cuentan con las mismas capacidades financieras ni administrativas para absorber los costos.

“El retiro del Estado nacional de sus obligaciones no sólo debilita la política pública, sino que termina profundizando las desigualdades territoriales preexistentes y condiciona el ejercicio de derechos al lugar de residencia”, señaló la especialista.

Aumento de denuncias por barreras de acceso

La falta de provisión centralizada impacta directamente en la atención del sistema público. Durante 2025, la organización recibió más de 400 consultas y denuncias mediante su formulario web por trabas en el acceso a la práctica. La cifra representa un incremento del 300% en comparación con el período anterior.

Los testimonios receptados por la entidad dan cuenta de la falta de stock en hospitales y la exigencia a las pacientes de comprar la medicación por su cuenta. En el mercado farmacéutico, los tratamientos alcanzan un valor de hasta 300.000 pesos.

Impacto en niñas y adolescentes

El reporte institucional destaca una situación crítica en la población menor de edad. Durante 2025, las denuncias que involucran a niñas y adolescentes representaron el 17% del total de las presentaciones registradas por Amnistía Internacional.

La principal traba señalada en esta franja etaria fue la falta de información clara sobre dónde y cómo solicitar la prestación. La organización recordó que muchos de estos casos se encuentran atravesados por situaciones de abuso sexual, donde ocho de cada diez hechos ocurren dentro del entorno familiar.

Medida judicial por restricciones locales

Altamirano remarcó que los derechos no sólo se restringen mediante reformas legislativas, sino también a través de decisiones administrativas locales que entorpecen la atención sanitaria.

Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del municipio bonaerense de San Isidro, que implementó un circuito con requisitos adicionales a los fijados por la Ley 27.610.

Amnistía Internacional judicializó el protocolo comunal y obtuvo un fallo favorable de la Justicia Contencioso Administrativa, que ordenó suspender el esquema restrictivo y exigió la aplicación de la normativa nacional en todo el distrito.


DE UNA