A cuatro años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte, la causa judicial sumó un capítulo decisivo. La familia de la víctima confirmó el pedido de jury de enjuiciamiento contra los funcionarios de la primera etapa investigativa.

Cecilia había llegado a Córdoba en marzo de 2020 para escribir un libro. Con el inicio del confinamiento, la joven perdió contacto con su entorno. Tras 20 días de búsqueda, las autoridades hallaron su cuerpo cerca del arroyo Calabaluma el 25 de abril.

La abogada de la familia, Daniela Pavón, en diálogo con DE UNA, para las emisoras del Grupo Apolo, se refirió al cierre de la instancia recursiva. La representante legal explicó que la decisión llegó luego de que la Justicia de Córdoba confirmó la absolución de Lucas Bustos, juzgado en el año 2022.

Negligencia y violencia judicial

"Estábamos esperando esta sentencia porque todavía quedaba pendiente que quedara firme", señaló Pavón. La querellante cuestionó duramente a la fiscal Paula Kelm y aseguró que en la primera etapa de la investigación hubo una negligencia terrible.

La abogada detalló los padecimientos de la familia ante el accionar de la Justicia. Pavón denunció que recientemente se enteraron de que el Poder Judicial había enterrado el cuerpo de Cecilia en una fosa común en 2021, sin dar aviso a sus padres.

“Esa es parte de la violencia que ellos ejercen en la familia desde el comienzo. No tener acceso al expediente, dilatar los tiempos o que hayan mentido”, expresó la letrada sobre el maltrato recibido durante todo el proceso de búsqueda y luto.

Nueva investigación en Cruz del Eje

La causa pasó a la fiscalía de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Ardiles. Pavón valoró el cambio de rumbo y destacó que ahora el personal judicial investiga a todas las personas que rodeaban a Cecilia durante su estadía en Capilla del Monte.

Respecto al futuro del caso, la querella tiene previsto seguir de cerca las nuevas medidas probatorias. Según indicó la abogada, la primera instrucción no dejó elementos de prueba directos obtenidos del cuerpo de la víctima, sólo testimonios.

Finalmente, la representante legal cuestionó el accionar policial inicial. Pavón recordó que la mayoría de los investigadores de aquella primera etapa hoy se encuentran privados de su libertad por delitos vinculados a la violencia contra las mujeres.

DE UNA