El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno en el Congreso genera fuertes críticas y advertencias sobre un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad. 

Se modifica el régimen de acceso y se reemplaza la pensión para protección social por una pensión por invalidez laboral fijada en el 70 % del haber mínimo jubilatorio. Además, se imponen restricciones de incompatibilidad con el trabajo formal y se limita el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa al beneficio.

Se elimina el sistema de aranceles universales y únicos, permitiendo que cada obra social o prepaga negocie valores de referencia, mientras el Estado define montos trimestrales. También se cuestiona la eliminación de la actualización automática atada a la inflación.

El texto incluye modificaciones y la derogación de artículos sustanciales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que altera el financiamiento y la sustentabilidad del sistema de atención.

La abogada Marta Lastra sostuvo que habrá personas con discapacidad de primera categoría, de segunda y de tercera categoría.

“Las prestaciones ya no serán universales, sino que dependerá del dinero de cada uno”, comentó.

La integrante del colectivo por la discapacidad de la provincia sostuvo que el proyecto de Milei es una violación a la Constitución Nacional y a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad.