Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, amplió este lunes su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y presentó una nueva versión sobre los hechos investigados. Según fuentes vinculadas a la causa, el detenido manifestó que mantenía una deuda por drogas y que, en ese contexto, debía “entregar una chica”.

Barrelier, quien permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, fue trasladado a la fiscalía para prestar nuevamente declaración. De acuerdo con los voceros consultados, sus nuevos dichos se encuentran en línea con parte de lo que ya había declarado anteriormente.

La versión del acusado fue rechazada de manera contundente por la querella. Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, calificó el relato como un “disparate total” y afirmó que las pruebas incorporadas al expediente contradicen lo manifestado por Barrelier.

La ampliación de la declaración se produjo luego de que el acusado designara como nuevo defensor al abogado penalista Carlos Argüello. Desde su estrategia de defensa, se buscaría aportar una nueva interpretación de los hechos y evitar que Barrelier quede como único responsable de un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

En la causa hay seis personas detenidas. Barrelier está imputado por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, es decir, bajo la figura de femicidio.

Los otros cinco acusados —Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz— están imputados por encubrimiento agravado.

El proyecto de la “Ley Agostina”

A más de tres meses del femicidio de la adolescente, el caso también derivó en iniciativas legislativas vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes.

El pasado 1° de septiembre fue presentado en la Legislatura un proyecto denominado “Ley Agostina”, que propone fortalecer las herramientas estatales para prevenir y detectar situaciones de violencia y abuso, además de brindar respuestas rápidas para proteger a las víctimas.

La iniciativa contempla ocho puntos centrales y plantea la creación de un sistema integral de protección de la infancia y la adolescencia, con el objetivo de mejorar la intervención del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad.