El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat cuestionó duramente la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad puedan acceder a beneficios procesales y consideró que la medida representa “un paso más atrás en el derrumbe institucional argentino”.

En diálogo con De Una, Barcesat sostuvo que una decisión de la Corte Suprema no puede contradecir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Argentina.  “Sería como incurrir en autocontradicción”, afirmó. 

“Cortes anteriores, con mejor integración, impusieron la resolución tal como lo establece la Convención”, señaló. Para el abogado, el eventual otorgamiento de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad constituye “un retroceso” respecto de aquellos antecedentes.

Consultado por los posibles efectos de la medida sobre condenados como Alfredo Astiz y otros represores, Barcesat sostuvo que podrían acceder a prisión domiciliaria y cuestionó los mecanismos de control sobre este tipo de beneficios.

Según explicó, el seguimiento de las prisiones domiciliarias puede resultar “tremendamente laxo”, lo que, a su entender, podría generar situaciones de fuerte rechazo social.

“Estamos siguiendo una trayectoria de destrucción de la conciencia jurídica internacional”, afirmó, y consideró que se trata de una situación especialmente preocupante para quienes ejercen la abogacía y defienden el respeto por las instituciones.

DE UNA