Prostitución de Menores en Río Seco, se ha transformado en el “Caso Barrelier” del Norte de Córdoba, por las conexiones con el poder y la política.

Recordemos que, en el marco de la investigación, se detuvo a un “Asesor” del Legislador de su espacio político del Departamento Río Seco, el cual también tiene otros Asesores y Ex Asesores condenados por diferentes delitos.

El gobernador Martín Llaryora habló del  caso, lo calificó como “un hecho tremendo” y reclamó que la Justicia investigue “a fondo”.

Consultado sobre los controles para el ingreso de asesores a la Legislatura de Córdoba, evitó explayarse sobre el tema y marcó distancia respecto del funcionamiento del Poder Legislativo, que está encabezado por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Hasta la semana pasada, los asesores debían presentar el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Sin embargo, luego de que estallara el caso y se conociera que Flores tenía entre sus asesores a uno de los detenidos, la Secretaría Administrativa de la Legislatura comunicó nuevas exigencias.

Jefes de bloques y distintas áreas de la Legislatura recibieron una comunicación de la Secretaría Administrativa en la que se informó sobre el inicio de un proceso de actualización y verificación de legajos personales para todo el universo de asesores y funcionarios legislativos.

La principal novedad fue que, además del certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, se exigirá el certificado de antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, con plazo de entrega.

Aunque esta situación volvió tensar el clima en los pasillos legislativos. Unos pocos legisladores pidieron más exigencias en los ingreso de los asesores.