Las comunidades indígenas enfrentan una creciente inseguridad jurídica sobre sus territorios ancestrales. La preocupación aumentó luego de que el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, herramienta que frenaba los desalojos y regularizaba las tierras ocupadas por indígenas.

Félix Díaz, militante por los derechos civiles de los indígenas y qarashé de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, sostuvo: “El Estado reconoce la propiedad, pero no tenemos el título. No hay un documento que dé a las comunidades esa garantía jurídica”.

Sin respuestas en el Congreso Nacional

Díaz, electo presidente del Consejo Consultivo en 2016, señaló que elaboraron una propuesta de ley de propiedad comunitaria indígena para ser debatida en la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, aclaró: “Ninguno de los legisladores a los que le hemos dado este trabajo se animó a entregar para presentar”.

El dirigente remarcó que esta inacción legislativa facilita el despojo territorial. “Hay desalojo en diferentes comunidades porque la tierra se vende a gente desconocida. Vienen con toda su energía de apoderarse y nos considera usurpadores”, expresó. "La Constitución establece que somos preexistentes, pero no hay una garantía que lo asegure".

Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de recursos para litigar en la Justicia: “No tenemos manera de defender porque no tenemos abogado, no tenemos plata para contratar un profesional para defender la usurpación de gente extraña a la comunidad”. Además, explicó que no hay una ley que indique un espacio como "propiedad comunitaria indígena".

Represión y violencia en Formosa

Al analizar los antecedentes de violencia, Díaz recordó la situación vivida en su territorio de origen. “En mi comunidad, la provincia de Formosa nos quitó 2.042 hectáreas en el año 2007 sin consultar ni contar con la participación de la comunidad”, denunció.

En ese sentido, relató los graves episodios ocurridos durante las protestas. “Cuando empezamos a reclamar la devolución de esos territorios, tuvimos que salir a la ruta a manifestar. Tuvimos que ser desalojados, reprimidos, y quemaron 17 casas”, afirmó.

Finalmente, el líder indígena cuestionó el desinterés de la dirigencia política actual. “No tenemos acercamiento con nadie, ni un senador ni un diputado. Es una tristeza para nosotros que no seamos escuchados y que no hemos sido consultados”, concluyó.