La propuesta del Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras Rurales plantea un cambio de fondo en las reglas que regulan la adquisición de campos por parte de extranjeros. Si prospera en el Congreso, la Argentina pasaría a tener uno de los marcos normativos más flexibles de Sudamérica para este tipo de inversiones privadas.

El proyecto, que será tratado por el Senado, elimina las restricciones actuales para personas físicas y empresas extranjeras de carácter privado. 

En cambio, establece un régimen más riguroso para las operaciones en las que intervengan Estados extranjeros, compañías estatales o firmas controladas por gobiernos de otros países.

En la actualidad, la Ley 26.737 fija que la participación extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También impone un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo y prohíbe la compra de predios ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.

Cómo se posiciona la Argentina frente a otros países

Brasil mantiene uno de los sistemas más restrictivos de la región. Su normativa limita la propiedad extranjera al 25% de la superficie de cada municipio y establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de ese territorio. Además, todas las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). En comparación, la iniciativa argentina propone eliminar esos límites para los inversores privados.

Uruguay, por su parte, permite la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque exige un alto nivel de transparencia. La legislación obliga a identificar a los propietarios reales de las sociedades que adquieren inmuebles rurales, registrar la titularidad de las tierras y declarar la composición accionaria de las empresas. Paralelamente, el Parlamento uruguayo analiza alternativas para reforzar los controles, especialmente en zonas de frontera.

Paraguay registra una importante participación de capital extranjero en la propiedad rural. Diversas investigaciones estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios de otros países, con una fuerte presencia de inversores brasileños en departamentos fronterizos, donde esa participación puede alcanzar niveles mucho más elevados. No obstante, esta situación responde a un proceso histórico y convive con regulaciones específicas, por lo que no representa un esquema de apertura total.

Los argumentos del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación vigente desalienta inversiones de gran escala, especialmente en actividades vinculadas con el desarrollo forestal, los sistemas de riego y los cultivos permanentes en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.

Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la intención de la reforma es diferenciar claramente a los inversores privados de los Estados extranjeros. Mientras los primeros podrían adquirir tierras sin los límites actuales, las operaciones protagonizadas por gobiernos extranjeros o empresas bajo su control continuarían sujetas a autorizaciones y mecanismos de supervisión más estrictos.

La administración nacional considera que esta modificación permitiría atraer "mayor inversión privada" sin renunciar al control sobre la participación de otros Estados en el mercado de tierras.

En caso de obtener la aprobación del Congreso, la Argentina pasaría de contar con uno de los marcos legales más restrictivos para la compra de tierras rurales por extranjeros a integrar el grupo de países con mayor flexibilidad en la región, diferenciándose de Brasil, que mantiene límites de superficie; de Uruguay, que prioriza la transparencia; y de Paraguay, donde la significativa presencia de propietarios extranjeros se desarrolla bajo un régimen regulatorio propio.

CBA 24n