La expresidenta de la fundación, y administradora del establecimiento escolar rechazó las versiones públicas que señalan desvíos de fondos y deudas en las cuotas de sus hijos. Drovandi aseguró que su participación en la entidad fue transitoria y con el único objetivo de sostener el proyecto educativo durante una crisis económica generalizada.

La exdirectora explicó que la institución arrastraba una situación económica crítica desde las administraciones previas. Detalló que el esquema de pagos se coordinaba mensualmente con el cuerpo de profesores para garantizar la continuidad del dictado de clases.

Silvana Drovandi, exresponsable de la fundación, precisó que "toda la documentación de la fundación fue entregada por escritura pública, con un detalle minucioso de cada acta que se había formalizado, y de todos los recibos de la planta docente, la situación económica y demás”.

Respecto a los cuestionamientos por depósitos de aranceles en cuentas particulares, argumentó que se trató de una medida de carácter excepcional para un grupo reducido de familias debido a que la entidad no poseía una cuenta bancaria activa.

Drovandi aclaró que “los dichos pagos que se realizaron en mi cuenta personal como presidente de la fundación, tienen su correspondiente factura y tienen el ingreso de los fondos a la fundación. Esto fue una decisión excepcional. No es que se cobraban todas las cuotas en una cuenta personal”.

Drovandi desvinculó la realidad de la escuela del escenario político actual y de la figura de la diputada Laura Soldano. Sostuvo que las colaboraciones de la legisladora ocurrieron durante la gestión anterior, cuando todavía no ocupaba un cargo público en la provincia.

“Creo que han tratado de hacer un paralelo con una cuestión política, pero el momento en que participan algunos actores políticos, como puede ser Laura, ella no era una figura pública en ese momento. Son momentos distintos en la historia”, manifestó. 

En el plano judicial, la exdirigente escolar afirmó que no recibió notificaciones de los tribunales respecto a una denuncia penal en su contra. Recordó que a principios de marzo el Juzgado Federal emitió una certificación que acreditaba la inexistencia de causas vigentes hacia los miembros de la fundación.

“No tengo constancia porque no me han citado de ningún juzgado, pero entiendo que cualquier persona que considere que se ha cometido un hecho ilícito tiene el acceso a la justicia. Estoy totalmente a disposición de la justicia si así lo requieren”, concluyó Drovandi. 

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