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17/06/2026 11:35 hs

Saleme: “El Estado no cumple con una obligación fundamental, que es prestar el servicio de justicia”

- 17/06/2026 11:35 hs
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El presidente del Consejo Económico y Social de Río Cuarto, Sergio Saleme, expresó su preocupación por el TSJ y reclamó mayores inversiones en infraestructura, recursos humanos y equipamiento.

Sergio Saleme
El Consejo Económico y Social de Río Cuarto emitió un comunicado para visibilizar la situación que atraviesa la Justicia en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Río Cuarto. Su presidente, Sergio Saleme, sostuvo que el sistema enfrenta problemas estructurales que exceden el actual conflicto salarial.
 
“Entendemos que la Justicia no está a la altura de las circunstancias porque le falta infraestructura desde hace mucho tiempo. Desde hace casi 40 años tenemos una estructura similar a la que existe hoy, pese al crecimiento demográfico y al aumento de la litigiosidad”, afirmó.
 
Según explicó, la jurisdicción abarca una amplia región del sur provincial y atiende a una población cercana a los 300 mil habitantes. Entre las principales falencias mencionó la falta de equipos técnicos especializados para evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, lo que provoca extensas demoras en trámites vinculados a declaraciones de incapacidad.
 
También advirtió sobre las limitaciones en el ámbito penal. “No tenemos una morgue ni equipos técnicos suficientes para realizar los exámenes correspondientes. Hemos visto situaciones en las que, ante una muerte natural, los cuerpos no pueden ser entregados durante meses hasta que se realicen las pericias”, señaló.

Saleme remarcó además que existen dependencias judiciales creadas por ley que aún no funcionan plenamente. “Hay fiscalías y juzgados que están establecidos en los papeles, pero no se designan los cargos ni se asignan los recursos técnicos y humanos necesarios para que entren en funcionamiento”, indicó.

Respecto de los tiempos judiciales, aseguró que la mora es una de las principales preocupaciones. “Un juicio laboral puede demorar entre tres y cuatro años, y si luego se presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, pueden sumarse otros cuatro o cinco años más”, explicó.

El dirigente sostuvo que el reclamo está dirigido al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura. “Es imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto y garanticen un servicio de justicia acorde a la segunda ciudad de la provincia y capital alterna de Córdoba”, expresó.

Finalmente, al referirse al conflicto entre los gremios judiciales y el Tribunal Superior de Justicia, destacó la necesidad de alcanzar consensos mediante el diálogo. “Cuando las partes se sientan en la mesa, se escuchan y confrontan ideas, se pueden encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos”, concluyó.


 

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