La legisladora provincial Karina Bruno (bloque Córdoba) presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de la provincia. La medida surge tras conocerse su imputación en una causa que investiga una millonaria defraudación contra la obra social de los jubilados.

En diálogo con Ahora Noticias por Canal 10 fundamentó el pedido en la gravedad institucional que reviste el caso: "Es un funcionario de alto rango de nada menos que el órgano máximo de control de la provincia. Mínimamente no puede estar hoy cumpliendo funciones hasta que la causa judicial avance y se esclarezca la situación", enfatizó Bruno.

La legisladora del bloque Córdoba contextualizó el impacto de la investigación judicial, que apunta a maniobras de sobrefacturación superiores a los 1.400 millones de pesos a través de una empresa llamada Ethical, la cual estaría vinculada al entorno personal o familiar de Carasso.

Para Bruno, el trasfondo social vuelve el hecho aún más sensible: "Estamos hablando de fondos que deberían ir a cubrir el correcto funcionamiento del PAMI en un momento donde nuestros jubilados están siendo castigados".

La legisladora recordó las medidas de fuerza de los profesionales médicos, los reclamos de las farmacias por atrasos en los pagos y la preocupación de los intendentes de la provincia por las deficiencias de la obra social.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera en el arco político es que los procedimientos ordenados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, alcanzaron las oficinas del propio Tribunal de Cuentas.

"Es lo que ha trascendido y hay una falta de comunicaciones oficiales, de información clara y precisa. ¿Por qué una oficina pública fue allanada? Eso también debe esclarecerse", reclamó la legisladora villamariense, quien admitió que esperó "con prudencia" que el tribunal o el propio Carasso tomaran una decisión voluntaria antes de avanzar con el proyecto parlamentario.

A diferencia de otras posturas de la oposición, Bruno aclaró que su proyecto exige un apartamiento preventivo y no la remoción definitiva, marcando distancia de quienes buscan un rédito político inmediato.

"Tengo una clara diferencia con otros sectores que ante la primera situación se ponen en la tribuna de la moralidad y la ética, juzgan y anticipan criterios. Yo no soy quién para decir si es o no responsable, no tengo los elementos. Pero si está imputado y su lugar de trabajo fue allanado, ser un funcionario de alto rango no te da prerrogativas para trabajar libremente por la justicia; merece un apartamiento", concluyó.