A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, desde Amnistía Internacional Argentina advirtieron que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural y cuestionaron el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a prevenirla.

La directora de Género y Diversidad de la organización, Lucía Galkin, sostuvo que “la deuda del Estado no solo persiste, sino que se profundiza”, en un contexto marcado por nuevos casos de femicidios que volvieron a conmover a la sociedad. “Los femicidios no son homicidios comunes. Son una forma específica de violencia que afecta particularmente a mujeres y niñas y que el Estado tiene la obligación de reconocer, prevenir y sancionar”, afirmó.

Según datos citados por Amnistía Internacional, el 78% de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima o del agresor y en el 83% de los casos existía un vínculo previo entre ambos, generalmente parejas o exparejas. Además, durante 2025, el 44% de las víctimas había sufrido hechos previos de violencia de género.

Galkin remarcó que muchas mujeres enfrentan obstáculos para denunciar y acceder a medidas de protección efectivas. “Las señales se repiten: mujeres a las que no les creen, investigaciones sin perspectiva de género y respuestas que llegan tarde o directamente no llegan”, señaló.

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