A partir de un proyecto de ordenanza que será enviado al Concejo Deliberante, tanto funcionarios como trabajadores deberán presentar certificados de antecedentes penales y someterse a narcotests. Quienes no cumplan con estos requisitos dentro de los plazos establecidos —30 días para los antecedentes y 60 para los análisis— perderán sus cargos.

La decisión se conoció junto con la salida del concejal Ricardo Moreno, cuestionado por haber recomendado el ingreso de Barrelier como becario municipal. El principal acusado por el crimen de Agostina cobraba una beca en la Escuela de Tránsito pese a contar con antecedentes judiciales.

Para resolver la situación política, Passerini dispuso el regreso del secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava, a su banca en el Concejo Deliberante. Con esta medida, Moreno dejará automáticamente su lugar y la oposición no podrá avanzar con un pedido formal de expulsión.

La crisis también abrió un debate sobre la cantidad de becarios y monotributistas que trabajan en el municipio. Según estimaciones oficiales, actualmente existen entre 2.500 y 2.800 becarios, con ingresos que van de los 300 mil a los 570 mil pesos mensuales por jornadas de cuatro horas diarias.