El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, con el objetivo de esclarecer el accionar de las unidades judiciales y de los organismos encargados de la protección de la niñez y la familia. La iniciativa surge tras el caso de Agostina Vega.

Mauricio Jaime, legislador de la Unión Cívica Radical, dialogó con DE UNA y fundamentó la necesidad de avanzar con este requerimiento institucional. Advirtió sobre las falencias que encuentran los ciudadanos al momento de recurrir a las dependencias oficiales para radicar denuncias o alertar sobre amenazas.
 
El reclamo opositor hace hincapié en la trazabilidad del proceso de recepción de las denuncias y en la eficiencia de los protocolos de emergencia. De acuerdo con lo expresado por el legislador radical, las demoras y la falta de atención telefónica configuran un escenario que obstaculiza la resolución de hechos delictivos y expone a las víctimas a mayores peligros.

"Porque las unidades judiciales, de acuerdo a los datos que tenemos, no están funcionando correctamente, no te toman la denuncia, no te atienden los números telefónicos. Entonces, eso retarda un proceso que es muy útil a la hora de determinar, por ejemplo, el autor de un delito, un daño", dijo.

 
El pedido de informes no se limita de manera exclusiva al área dependiente del Ministerio de Justicia, sino que se extiende hacia los organismos destinados a la tutela de los derechos de menores y mujeres en el territorio provincial. La preocupación de los legisladores radica en los antecedentes del presunto autor del hecho, quien ya había estado involucrado en una causa previa durante el año 2025.

"Hay un fiscal que hace un año, dejó libre a esta persona cuando se escapa una adolescente semidesnuda atada de su casa, pidiendo ayuda a los gritos. La socorren, a él lo denuncian y va preso 20 días. Después lo libera el fiscal Iván Rodríguez", recordó Mauricio Jaime.

Ante este escenario, el bloque parlamentario formalizó requerimientos para conocer las intervenciones previas: "si han tenido algunas actuaciones desde SENAF, el Polo de la Mujer, la Defensoría de los Derechos del Niño en relación a la causa del 2025 y la causa actual ocurrida recientemente".

 
 Desde la Unión Cívica Radical manifestaron que existen presiones informales para evitar el debate público sobre la responsabilidad de las distintas dependencias estatales, escudándose en el respeto al dolor familiar.

"Es triste ver que el gobierno también trata tendenciosamente de mandarnos mensajes para que nos callemos. Es triste ver como un fiscal en una conferencia de prensa reta y quiere dar clases magistrales al periodismo", manifestó Mauricio Jaime, quien ligó la situación actual con otros precedentes de gravedad institucional en el interior cordobés. "Se lo venimos diciendo hace rato y en ningún momento apuntamos o apelamos a un oportunismo, sino que todo lo contrario", agregó.

Finalmente, el legislador se refirió a las manifestaciones ciudadanas. "Todas las personas están preocupadísimas y son respetuosas de la situación. Toda persona de bien y de familia se va a ocupar del tema, no podemos mirar para otro lado", concluyó.