El acceso a los traslados gratuitos de media y larga distancia para personas con discapacidad y pacientes con tratamientos prolongados atraviesa un momento crítico en todo el país. La decisión del Estado nacional de retirar el subsidio a las empresas de transporte encendió las alarmas en distintos sectores sociales y de la salud. En este contexto, el politólogo y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analizó la situación y alertó sobre las graves consecuencias que esta medida tendrá en la vida de miles de familias que ya enfrentan un sistema sanitario al límite.

En diálogo con DE UNA para las emisoras del Grupo Apolo, Arroyo explicó que el beneficio, garantizado por ley, venía funcionando con algunas trabas logísticas, pero el Estado cumplía con el pago a las prestatarias. Sin embargo, remarcó que la reciente postura oficial cambia las reglas del juego de manera perjudicial. "Lo que decidió hacer el Gobierno, absurdamente y volviendo a lastimar a las personas con discapacidad, es dejar de dar el subsidio. Le dice a la empresa: 'yo no te voy a dar el subsidio, pero vos dale los pasajes a la persona'", detalló el exfuncionario. En la práctica, advirtió que las compañías evitarán otorgar los boletos y cuestionó la capacidad real de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para ejercer un control efectivo en este nuevo escenario.

El colapso del sistema y la vía judicial

Para el politólogo, esta política de transporte no es un hecho aislado, sino que se suma a un panorama de desprotección generalizada. "En concreto, está colapsado el sistema de atención a las personas con discapacidad; ya no acceden a los medicamentos, a las terapias, ni a los traslados. Los hogares y los centros de día están todos agarrados con alfileres, todos haciendo feria americana o rifas porque no saben más qué hacer", describió con preocupación, agregando que las escuelas especiales atraviesan la misma incertidumbre.

Frente a la consulta sobre la posibilidad de que los damnificados recurran a la Justicia para hacer valer la ley, Arroyo fue categórico y anticipó una alta litigiosidad. "Se judicializará, cada persona que necesite un pasaje hará un amparo de ida y vuelta", aseguró. Aunque confía en que los tribunales fallarán a favor de los pacientes exigiéndole al Gobierno que cumpla la normativa, lamentó el desgaste que esto implica, "las personas no pueden dedicarse a hacer amparos e ir a la Justicia para cada cosa que necesitan. Mientras tanto pasa el tiempo y cada vez es más difícil".

Un "invento argentino" que pone en riesgo la vida

Al analizar la matriz ideológica de la medida, el exministro señaló que el corrimiento del Estado en materia de discapacidad no tiene precedentes, incluso si se lo compara con administraciones internacionales con políticas de ajuste. "El Gobierno ha construido una idea absurda que no existe en ningún lugar del mundo, y es que el Estado no tiene que hacerse cargo. Bolsonaro en Brasil, que es un gobierno parecido al de Milei, no hizo esto en discapacidad. Meloni u Orban, gobiernos de extrema derecha, no han hecho esto. Es un invento argentino", sentenció.

El impacto directo en la salud de los pacientes es el factor más grave de este escenario. Arroyo enfatizó que interrumpir o dificultar los traslados implica forzar el abandono de los tratamientos médicos esenciales. "Ponen en riesgo la vida de manera clara, porque no es lo mismo hacer una terapia cinco días por semana que hacerla dos. No es lo mismo que el medicamento se tome como corresponde a que se lo haga salteado", explicó. Y afirmó de manera contundente: "Lo que hay es un abandono de persona, el Estado está abandonando a la persona con discapacidad y ahí aumenta la desigualdad. Las familias que pueden se arreglan como pueden, y las que no, no".

Crisis en las coberturas médicas y desregulación

Finalmente, la entrevista abordó el desborde general del sistema de salud, un factor que profundiza el drama de quienes pierden el acceso al transporte. Arroyo indicó que áreas clave como el PAMI enfrentan problemas generalizados en su atención. Además, remarcó la situación del programa Incluir Salud, la prestación que asiste a quienes poseen el certificado de discapacidad o una pensión: "No está dando ninguna prestación, no le paga directamente a los prestadores desde hace seis meses".

En la misma línea, criticó la desregulación impulsada por el Gobierno nacional al inicio de su gestión, la cual impacta en el funcionamiento de las obras sociales y prepagas. "Cada una hace lo que le parece. Le dicen a la gente 'la prestación que nos parece sí, la que nos parece no'. Eso no es posible, hay un nomenclador y una regla para funcionar", concluyó el especialista.

DE UNA