El legislador provincial cordobés Gregorio Hernández Maqueda, de La Libertad Avanza, dialogó con DE UNA. Ratificó la vigencia del proyecto de ley presentado por su espacio para prohibir de manera total y absoluta la actividad de los "naranjitas" y limpiavidrios en Córdoba.

La iniciativa, que ya fue rechazada por el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba en el recinto legislativo, volvió a ponerse en el centro del debate tras la reciente aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante de la capital provincial que regula la actividad.

Paradójicamente, “la inseguridad es cada vez mayor debido al desorden público”, aunque reconoció que hay pobreza en el contexto. Acusó a las cooperativas de naranjitas por “apropiación” del espacio público. Según explicó, la ayuda social ya tiene su presupuesto del Estado. “La caridad debe ser individual y no colectiva”, dijo, a la vez que aseguró que es una situación que afecta a toda la provincia.

Hernández Maqueda apuntó fuertemente contra la gestión del gobernador Martín Llaryora, calificando de "cartón pintado", las medidas del Ejecutivo provincial para endurecer sanciones contra los cuidacoches ilegales.  “Se disfrazó y se puso una máscara”.

Según el parlamentario, el Gobierno optó por mantener un sistema que divide arbitrariamente a los trabajadores entre legales e ilegales a través del otorgamiento de venias políticas a ciertas cooperativas, “aunque sean lo mismo”. Lo calificó como un esquema de "clientelismo, corrupción e injusticia profunda".

El vínculo entre el desorden público y la inseguridad

El núcleo del argumento del legislador sostiene que la permanencia de los cuidacoches en la vía pública es la causa fundamental del empeoramiento de la inseguridad a través del desorden de los espacios comunes.  

Sostuvo que el sistema actual somete de forma violenta y extorsiva a los ciudadanos, quienes terminan pagando por temor a sufrir daños en sus bienes o en sus personas, configurando una "superposición de costos" para el contribuyente que ya abona tasas e impuestos destinados a la Policía y a las guardias urbanas comunitarias.

 Afirmó que las esquinas funcionan en muchos casos como puntos de compra y venta de estupefacientes, y como centrales de información intima sobre los movimientos de los vecinos, la cual luego es utilizada por organizaciones dedicadas al robo de viviendas, autos y autopartes.

“Hay una industria de robos de autos en Córdoba y el Gobierno es cómplice”, dijo. “La cantidad de autos extraídos se ha duplicado”, aseguró. “El Gobierno provincial tiene una clara alianza con los delincuentes y mafias de la provincia”. Argumentó que existe una "decisión política de no combatir la corrupción", y señaló al fuero anticorrupción como un "embudo de la impunidad", que “ve pasar a los elefantes en la sala y no hace nada”.

Detalles del proyecto: Prohibición, transición y reconversión

“Hay una sociedad entre el Estado y los naranjitas. Es decir, esta mafia está avalada por el Estado”. Solicitar dinero en la vía publica “debe ser una infracción, que tenga una sanción”.
 
Ante los cuestionamientos sobre el impacto social de la medida en sectores vulnerables y la postura de sectores de la Iglesia Católica, el legislador aclaró que la propuesta de su autoría consta de un programa “humanista de integración, para que ganemos todos” estructurado en tres etapas consecutivas:

Prohibición inmediata: Declaración de la actividad como una contravención para que el control del espacio público sea potestad exclusiva del Estado a través de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Transición regulada: Un período de hasta un año para que las personas afectadas puedan continuar percibiendo ingresos mientras se ejecuta la intervención estatal.

Reconversión y sanación: Implementación de un abordaje integral que incluye la asistencia en salud mental y adicciones, el otorgamiento de jubilaciones o pensiones no contributivas por discapacidad si correspondiese, y la capacitación obligatoria en oficios (como plomería, herrería, pintura y jardinería) mediante escuelas técnicas para garantizar la inserción laboral.

Finalmente, el referente de La Libertad Avanza rechazó los argumentos que justifican la actividad bajo el marco de la crisis socioeconómica general. Sostuvo que la pobreza no puede ser un pretexto para convalidar la apropiación del espacio público ni la existencia de "mafias" que explotan a los eslabones más débiles de la actividad, quedándose, según denunció, con hasta el 80% de lo recaudado en eventos masivos y espectáculos públicos.


DE UNA