Durante la exposición, Frangie advirtió sobre el impacto de la era digital y la crisis en la idea de ciudadanía y de derechos, señalando que muchas personas encuentran hoy mayores dificultades para acceder a servicios, realizar trámites y ejercer derechos básicos. En ese marco, remarcó el crecimiento de situaciones de violencia y vulnerabilidad social, especialmente en sectores atravesados por problemas de salud, niñez, adolescencia y discapacidad.

Uno de los ejes centrales fue el aumento de las estafas digitales. La Defensoría intervino en numerosos casos vinculados a fraudes virtuales, logrando resoluciones favorables en aproximadamente el 30% de las denuncias atendidas.

También ocuparon un lugar destacado los reclamos relacionados con los servicios públicos. En relación con EMOS, se registraron numerosas quejas por incrementos tarifarios y por la falta de agilidad en la implementación y resolución de tarifas sociales. Asimismo, se expresó preocupación por la posible derogación del beneficio de Zona Fría, que permite descuentos en las tarifas de gas y representa un alivio importante para miles de familias.

En materia de infraestructura, el informe reflejó reclamos y gestiones vinculadas a los problemas derivados de la obra de circunvalación, la Ruta 30 y la autovía de Holmberg, temas que continúan generando preocupación en vecinos y usuarios.

En el área de inclusión social, la Defensoría señaló que gran parte de las intervenciones están vinculadas a barreras burocráticas y administrativas que dificultan el acceso a prestaciones y derechos. Entre ellas, se mencionaron las demoras y dificultades relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad y el acceso a prestaciones de salud.

En cuanto a orientación jurídica, Frangie destacó el crecimiento sostenido de consultas por alquileres. Indicó que alrededor del 30% de los riocuartenses alquila vivienda y que durante el último año se atendieron más de 1300 casos vinculados a conflictos habitacionales, contratos y aumentos.

Finalmente, el informe hizo foco en las nuevas barreras digitales para el acceso a derechos. Plataformas y sistemas como CIDI y Mi Argentina, aunque necesarios para múltiples gestiones, continúan representando dificultades para muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores y sectores con menor acceso tecnológico.

Frangie señaló que de los 6500 reclamos recibidos, 500 corresponden a ciberestafas, con vaciamiento de cuentas bancarias o toma de créditos por unos 700 millones de pesos.

Por otra parte, Frangie aseguró que la eliminación de la zona fría en la tarifa de gas representará una suba del 30 al 45 por ciento de los usuarios de Ecogas de la ciudad.

Frangie aseguró que pedirá una reunión con los diputados de Río Cuarto para conocer su posición sobre la medida que impacta de lleno en los bolsillos de los riocuartenses y vecinos del sur de la provincia.