El esquema de tarifas de los servicios públicos vuelve a estar en el centro de la discusión, especialmente por la revisión del régimen de Zona Fría. Mientras los subsidios segmentados continúan vigentes, crece la incertidumbre sobre este sistema que beneficia a regiones con bajas temperaturas. Desde la Defensoría del Pueblo alertan por las consecuencias que tendría su eliminación.


 Actualmente, el sistema tarifario se divide en dos grandes componentes. Por un lado, los subsidios a los usuarios, organizados por niveles de ingresos, que “ya se ha resuelto cómo se establecen las categorías para el presente año y eso está funcionando”, explicó Daniel Frangie.

Por otro lado, se encuentra la tarifa diferencial por Zona Fría, un esquema que no depende directamente del Estado. “Esta tarifa no surge de un subsidio. Surge de un fondo que lo conforman aquellos usuarios de zonas más cálidas que pagan un poquito más”, detalló el defensor. Ese fondo permite reducir el costo del gas en regiones como Río Cuarto, donde las temperaturas invernales son más bajas.

En ese sentido, Frangie precisó que la eventual eliminación del régimen implicaría una pérdida significativa para los usuarios: el descuento ronda el 30% en la tarifa de gas. Este beneficio resulta clave en zonas donde el consumo energético es mayor durante el invierno.

El sistema, sin embargo, está siendo cuestionado. Entre los argumentos aparece el impacto en la cadena de pagos del sector energético. “Una de las causas que obedece este replanteo es la morosidad en los pagos de los servicios”, señaló. Para el defensor, este dato no puede analizarse de manera aislada, ya que refleja un problema más amplio: “Esto habla de la vulnerabilidad de las economías familiares”.

Además, se planteó que el régimen habría generado un incremento en el consumo en zonas frías, mientras que el aporte de las regiones cálidas es limitado por el menor uso del gas. Este desequilibrio forma parte de la discusión actual sobre la sostenibilidad del sistema.

Frente a este escenario, desde la Defensoría advierten sobre las consecuencias de avanzar con la eliminación del beneficio. “Tampoco tiene mucha lógica someter a las familias a un nuevo estrés”, afirmó Frangie, en referencia al impacto que tendría un aumento en las tarifas en el contexto económico actual.

INFORME 16