La pionera Ley Glaciar, aprobada en 2010, prohibía toda actividad minera y de exploración en regiones glaciares, protegiéndolas como reservas de agua.

La reforma transfiere la responsabilidad de definir las áreas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente (Ianigla) a los gobiernos provinciales.

" Estamos insistiendo  con que la Ley de Glaciares sancionada afecta fuertemente a los recursos hídricos y el clima", sostuvo Geraldine Bertolo.

Dijo que "muy pocos conocen como sufren las poblaciones donde se están concretando actividades mineras a tal punto que los productores se quedan sin agua".

Recordó que siempre hubo avanzadas para reformar la ley sin embargo la Corte Suprema frenó tal posibilidad, especielmente en el 2019.

El primer eje de cuestionamiento apunta al artículo 41 de la Constitución, que establece que la Nación debe fijar los “presupuestos mínimos” de protección ambiental, mientras que las provincias pueden complementarlos, pero no debilitarlos. De hecho, durante el debate en Diputados se recordó que el reciente Acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea establece en el Artículo 26.2 el derecho a regular y niveles de protección.